SI la política catalana no tenía suficientes problemas con el Estatut y con la incapacidad gubernativa para generar soluciones a la crisis económica, el Tripartito ha decidido sumar un nuevo elemento a la agenda del desorden con la división territorial en forma de veguerías. El proyecto de creación de siete nuevas entidades territoriales además de resultar evidentemente inconstitucional, pues rompe el esquema de provincias vigente en el resto de España, ya está creando fricciones entre ciudades, divisiones entre los propios partidos que lo impulsan, resquemores entre quienes están al tanto de los pormenores del proyecto y sospechas entre unos y otros. En Arán no quieren perder su autonomía, Reus quiere ser capital, Tarragona no quiere perder esa condición, Vic disputa con Manresa quién debe ostentar qué rango en la zona, el Penedés se siente discriminado, Lleida teme perder influencia en la zona del Pirineo, en LŽEmpordà miran para otro lado, Barcelona ni se inmuta y en las Terres de lŽEbre están a un paso de hacerse valencianos. Este es el resultado del proyecto estrella de ERC, que el PSC se ve obligado a avalar fruto de sus acuerdos con los republicanos para poder gobernar. Un completo disparate que tiende a hacer de Cataluña un mapa cubista, cercano a las ensoñaciones independentistas de los líderes de ERC y muy distante de las verdaderas necesidades de los ciudadanos.