El «Buckingham» de Matas

Hace tan sólo unos días, todos los medios daban a conocer la delicada situación judicial en la que parece encontrarse ahora el ex presidente autonómico de Baleares, Jaume Matas, a quien el juez instructor del llamado «caso Palma Arena», José Castro, atribuye en su último auto la comisión de nada menos que nueve delitos, entre ellos los de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que, sumados, pueden llegar a suponer una pena total de hasta 30 años de cárcel.

Como es sabido, Matas está imputado en dicho caso, al igual que su esposa, Maite Areal, y su cuñado, Fernando Areal. Todos ellos deberán declarar ante la Justicia el próximo 23 de marzo. El también ex ministro de Medio Ambiente abandonó la política activa en verano de 2007, y desde entonces vive de forma discreta y trabaja en EE.UU.

El desarrollo del «caso Palma Arena» puede ser calificado, cuando menos, de curioso e inesperado. En un primer momento, se investigaban sólo las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, inaugurado a principios de 2007, que contaba con un presupuesto originario de 47,7 millones de euros y que acabó costando finalmente unos 110 millones. En septiembre del pasado año se produjo un giro radical en este caso, cuando el juez Castro decidió incorporar al sumario las diligencias informativas realizadas en el marco de otra investigación, en principio por completo ajena a ésta, la denominada «operación Buckingham», en la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares intentaba averiguar las razones del presunto incremento patrimonial de Matas.

«El Palacete»

En esa segunda causa, las investigaciones se centraban en la compra, por parte de Matas, de la planta noble de una antigua casa señorial en Palma, conocida como «el palacete», que adquirió en 2006 por 900.000 euros, cuando, al parecer, su valor real era de 2,5 millones. La Fiscalía empezó a actuar a raíz de unas denuncias anónimas formuladas a finales de 2008, y cuando después de seis meses de investigaciones solicitó una prórroga para continuar con las mismas, le fue denegada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en el único caso de presunta corrupción que ha parado hasta ahora, al considerar que de las diligencias realizadas no podía deducirse la presunta comisión de ningún delito.

En cambio, desde que el juez Castro incorporó dichas diligencias al «caso Palma Arena», ha habido ya dos registros judiciales en la casa de Matas, el 6 de noviembre y el 24 de diciembre, y en los dos últimos meses han declarado ante el juez, como testigos, contratistas que realizaron trabajos de reforma en dicha casa, obras que en algunas ocasiones habrían sido realizadas sin factura y pagadas en efectivo pese a su elevado importe, que en algunos casos ascendió a decenas de miles de euros.