Según el guión previsto desde hace varias semanas, los votos de PP y BNG en el Parlamento de Galicia blindaron ayer las competencias de la Xunta a la hora de ordenar y autorizar movimientos en las cajas de ahorros gallegas, y dieron un nuevo paso hacia la fusión de ambas, opción a la que se resisten tanto una de las afectadas, Caixanova, como el Banco de España y, por extensión, el PSOE, que se opuso a este nuevo marco legal.

La normativa aprobada ayer por dos tercios de la Cámara autonómica, exime de la necesidad de informe alguno del Banco de España para autorizar o rechazar fusiones entre las entidades gallegas, y deposita el poder de decisión en la Xunta, concediéndole tan sólo al Parlamento la posibilidad de hacerse oír.

La nueva normativa además introduce una renovación casi total en los órganos directivos de las cajas, una medida similar a la de otros reglamentos autonómicos, pero que en el caso gallego busca eliminar del proceso de fusión a las personalidades que más se han opuesto a ella, como el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. La ley contempla que en dos meses estén constituidos los nuevos consejos de administración y asambleas generales de Caixa Galicia y Caixanova, el mismo tiempo en el que habrán de darse los pasos decisivos hacia la fusión, después de que en los primeros días de enero se conozcan las auditorías encargadas a KPMG. La nueva normativa también otorga representación al Parlamento en los órganos directivos de las cajas, la necesaria autorización de la Xunta para la inversión en operaciones de riesgo, así como para el destino del grueso de su obra social.