Dirigentes del PSC e ICV piden la retirada del anteproyecto de ley territorial de ERC

Los peores temores se han confirmado. El anuncio de la aprobación inminente de la Ley de organización territorial catalana que debe sustituir las diputaciones por veguerías y reformar toda la administración supramunicipal catalana, además del mapa administrativo de la comunidad, ha puesto en pie de guerra a líderes locales y reavivado todos los conflictos territoriales del Ebro a la Vall d´Aran. Y ha reabierto la fractura en el seno del tripartito.

Tras la fractura abierta por la Diputación de Barcelona, tanto la dirección del PSC como la de ICV cuestionaron la idoneidad del texto elaborado por el republicano Jordi Ausàs, conseller de Gobernación. La diputada del PSC Carme Figueras rechazó que el Govern apruebe el anteproyecto de ley si no cuenta con un amplio consenso, aunque aseguró que su grupo se plegará a lo que decida el ejecutivo de José Montilla.

Unas críticas que también hizo suyas el líder de ICV, Joan Herrera, pese a que Esquerra no se da por aludida e insiste en que el texto se aprobará, tal y como está previsto, el 5 de enero y en los términos dictados por el Consell Técnic de la Generalitat. Unos términos que ya han sido revisados, teóricamente, por todos los departamentos de la Generalitast, lo que incluye a dirigentes del PSC e ICV, Montilla y Joan Saura incluidos.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, se puso a la cabeza de la rebelión de los alcaldes y reclamó al Govern que «frene» la división de Cataluña en siete veguerias. «No sé si se ha parado el proyecto, eso habría que preguntárselo al Govern. Lo que deseo es que se frene y sé de bastantes alcaldes que piensan lo mismo». El alcalde insistió en que un proyecto de ordenación territorial «debe tener consenso territorial y político» y expresó su deseo de que el ejecutivo introduzca las enmiendas necesarias para llegar «a un pacto con el territorio».

El texto de Ausàs ha reavivado la competencia entre Tarragona y Reus por la capitalidad de la veguería de Tarragona, las disputas sobre la división administrativa de la Cataluña central -con la competencia entre Vic y Manresa o la exigencia de una veguería del Alt Ter, centrada en el Ripollés- sin olvidar las reivindicaciones del Aran, que no quiere verse incluída en una veguería del Alt Pirineu. En el caso de Lleida, Ros se lamentó de que la provincia «no se divide en dos sino en tres».

El edil se refirió además a la acumulación de niveles administrativos y apuntó que debería haber como máximo dos administraciones locales, de modo que la veguería agrupara las competencias que ahora asumen diputaciones yconsejos comarcales, de modo que los últimos se limitaran a actuar como mancomunidades de municipios, sin color político.