El debate sobre un posible pacto educativo ha ocupado gran parte del año que termina, sin que se hayan sustanciado los aspectos fundamentales que ha de abarcar. No resulta difícil ponerse de acuerdo sobre los problemas que aquejan a nuestro sistema educativo, en cuanto a los resultados que arroja. La calidad y la exigencia, en todos los niveles, pasando por el necesario fomento de la cultura del esfuerzo, se revelan como cuestiones urgentes que hay que resolver. El sistema presenta notables heterogeneidades, como la anómala distribución entre formación profesional y universitaria o la notable distorsión en el acceso a la enseñanza superior y la elección de carrera. Se trata de una problemática transversal cuya solución, para muchos, puede radicar simplemente en la asignación de mayores recursos económicos. Un pacto como el que se propone podría seguramente conducir a un incremento de la financiación, siempre que se acepte priorizar más la educación a costa de gasto público inútil e improductivo.

Pero, sería un error asumir que los problemas se resuelven con más inversión. Hay cuestiones más de fondo que conciernen a la propia libertad de la tarea. El intervencionismo de grupos de intereses (gremiales, sindicales, incluso políticos) condiciona la creatividad de los centros y sus áreas de trabajo. La ideología impone materias como la Educación para la Ciudadanía con un matiz que invade la formación moral cuya primera decisión concierne a los padres. Lo mismo ocurre con la lengua vehicular en algunas Comunidades. Vemos incluso que desde una ley controvertida como es la del aborto se quiere invadir también el terreno de la educación. El pacto necesario no se puede limitar a incrementar la inversión económica, por importante que sea. Hace falta abrir paso a un sistema libre de condicionantes, en el que los proyectos educativos se puedan desarrollar en libertad.