Al final no hubo clemencia para Akmal Shaikh, un británico de 53 años ejecutado hoy en China por tráfico de drogas. A pesar de las numerosas peticiones efectuadas por el Reino Unido, la ONU y diversas organizaciones contrarias a la pena de muerte, la máxima compasión que mostró el régimen de Pekín fue aplicarle la inyección letal, cada vez más en uso para sustituir al hasta ahora habitual tiro en la nuca.

Shaikh, un musulmán de origen paquistaní casado y con tres hijos, fue ejecutado a las 10.30 de la mañana (03.30 de la madrugada, hora española), en Urumqi, la capital de la región noroccidental de Xinjiang, en cuyo aeropuerto fue detenido el 12 de septiembre de 2007 por llevar cuatro kilos de heroína en su maleta. Hasta allí había llegado procedente de Dushanbe, la capital de la vecina república ex soviética de Tayikistán.

Condenado a muerte el 29 de octubre de 2008 por el Tribunal Popular Intermedio de Urumqi tras un juicio de media hora, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia el pasado día 21 al rechazar los recursos de la familia y la ONG Reprieve. En un desesperado intento por salvar su vida, el abogado de Shaikh, Zhang Qingsong, había presentado pruebas de que sufría un trastorno bipolar y pedido un examen médico. Dicha enfermedad mental habría sido aprovechada por una supuesta mafia para engañar a Shaikh, quien al parecer estaba vagabundeando por Polonia, el país de su esposa, cuando le ofrecieron la oportunidad de viajar hasta China para comenzar una brillante carrera como estrella de la música.

Cierto o no, el letrado de Shaikh explicó esta semana que el Tribunal Supremo no le había permitido reunirse con su cliente y ni siquiera había evaluado su examen mental. Pero la agencia estatal de noticias Xinhua informó de que el Supremo “no tenía dudas sobre la salud mental de Shaikh a tenor de los documentos aportados, que no podían probar que sufriera un trastorno”.

La ejecución ya ha enturbiado las relaciones entre el Reino Unido y China, que en los últimos días han mantenido un rifirrafe por el fracaso de la cumbre de Copenhague contra el cambio climático. A las acusaciones diplomáticas entre Londres y Pekín se suma ahora la muerte de Akmal Shaikh, que el propio primer ministro británico, Gordon Brown, calificó como un “horror”.

“Lamento profundamente que no se hayan considerado nuestras preocupaciones sobre este caso, como los asuntos sobre la salud mental y una inadecuada interpretación profesional durante el juicio”, criticó el titular británico de Asuntos Exteriores, David Miliband.

Por su parte, la portavoz de Exteriores china, Jiang Yu, insistió en que “Shaikh fue juzgado con todas las garantías de la ley y sus derechos quedaron completamente protegidos”, al tiempo que expresó su “fuerte disgusto por las acusaciones británicas” y rechazó “cualquier injerencia en su sistema judicial”. No obstante, confió en que la polémica ejecución “no cree obstáculos entre China y el Reino Unido” y en que “Londres afronte el caso con claridad, ya que no tiene nada que ver con otros asuntos”.

A tenor de la ONG Reprieve, que lucha contra la pena de muerte y desplazó a China a dos primos de Shaikh, Soohail y Nasir, para pedir clemencia al presidente Hu Jintao, es la primera vez que el régimen de Pekín ejecuta a un europeo desde hace casi 60 años. El anterior fue Antonio Riva, un piloto italiano fusilado en el paredón el 17 de agosto de 1951 por urdir un plan junto al japonés Ruichi Yamaguchi para matar a Mao Zedong.

Aunque oficialmente no hay datos por tratarse de un secreto de Estado, China ejecuta a más presos que el resto de países juntos. Según Amnistía Internacional, fueron 1.700 en 2008, pero la Fundación Dui Hua eleva dicha cifra hasta los 5.000 ajusticiamientos pese a la reciente reducción por el aumento de las revisiones del Tribunal Supremo. Unas revisiones que no han servido para salvar la vida a Akmal Shaikh.