Tras más de un año de elaboración, la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, presentó ayer al Consejo de Ministros un primer informe sobre cómo se encuentra el anteproyecto de la ley de ciencia al que el Gobierno pretende dar vía libre antes de que acabe el año. Como se esperaba, la normativa, cuyo contenido se explicó de forma muy genérica, no aporta más novedades de las ya conocidas precisamente en un momento en el que la polémica por el «tijeretazo» presupuestario en investigación en España ha desatado toda una oleada de protestas por parte de la comunidad científica.
Ayer las críticas también llegaron por el contenido de la propia ley de ciencia que no convence a organizaciones como la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), a Jóvenes Investigadores FJI-Precarios y a grupos políticos como el Partido Popular.
Movilidad
Si bien el recorte financiero para la Ciencia es una realidad, una de las premisas de la nueva ley es mejorar las condiciones laborales de los investigadores, de tal forma que contarán con «una carrera científica estable, predecible, basada en méritos y socialmente reconocida». Se pretende además dotarles de mayor movilidad y crear un contrato para los más distinguidos con el fin de que dirijan proyectos científicos y tecnológicos de gran relevancia.
Para los Organismos Públicos de Investigación (OPIS)se definirá una carrera estructurada en torno a un nuevo diseño de escalas científicas, con un régimen de selección, retribución y promoción homogéneo que fomente también la movilidad de nuestros investigadores.
La financiación es otro de los aspectos que figuran en esta controvertida ley. Para lograr un modelo más avanzado se pretende fomentar la fórmula del mecenazgo y crear una agencia que dotará de mayor autonomía, flexibilidad y agilidad a las actividades científicas y a la gestión de los fondos públicos.
