Hay victorias que para conocer su verdadero valor exigen anticipar las consecuencias de haberse transformado en derrotas. Este es uno de esos casos: Odyssey se jugaba 590.000 monedas de nuestro patrimonio histórico y España se jugaba el futuro de sus buques históricos y la posibilidad de su explotación comercial sin restricciones.

Por eso hay éxitos cuyo contenido principal es la advertencia. La meritoria sentencia lograda por España demuestra que se deben sustituir los criterios de estricta soberanía, tantas veces cuestionados por países aparentemente aliados e incluso hermanos, por los que ha suscrito con carácter cultural e internacional (Convenio Unesco), las soluciones basadas en casos judiciales concretos por las que se obtendrían por medio de convenios con los Estados afectados, la recuperación de materiales expoliados por la mejor prevención posible, que es la investigación y arqueología propias.

La sentencia afecta a aspectos fundamentales del futuro de la industria cazatesoros pero no es el epílogo de este tipo de juicios ni de este modelo de negocio. Tenemos un punto de partida y no debemos postergar más iniciativas políticas y arqueológicas.

EE.UU. nunca ha renunciado a su capacidad de acción penal contra actos como los cometidos por Odyssey sobre buques sumergidos en aguas internacionales como ha sucedido recientemente con relación al expolio del Lightship Nantucket. En España tenemos en relación a Odyssey el asunto penal más relevante abierto en Europa sobre la protección penal del patrimonio histórico sumergido, me refiero a las diligencias previas 855/2007 en La Línea de La Concepción, una oportunidad única para nuestros valores y para cerrar al menos, los mares europeos y el patrimonio hispánico a la industria cazatesoros. Nuestro patrimonio cultural sumergido sigue siendo enormemente vulnerable.