ANA MARTÍNEZ

SANTIAGO. Desde que el último 25 de noviembre acordase tramitar por vía de urgencia la Ley de Cajas de Galicia, el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, ha incumplido sistemáticamente lo pactado. Bajo la espuma, se marca discursos en los que pare frases para la historia. Su táctica trae un resultado agridulce. Socialistas y nacionalistas acordaron ayer el texto preliminar, con el análisis de las enmiendas presentadas por los tres principales partidos. Los socialistas, mientras, se desmarcaron, al observar que se abre la puerta del intervencionismo.

La renovada norma posibilitará que, por vez primera, el Parlamento esté representado en los órganos de dirección de las entidades crediticias en un 20%; el mismo porcentaje que tendrán los ayuntamientos. Un 10% será para las entidades sociales, y las fundadoras -si no las hay, se repartiría entre la Cámara y los Concellos-; y otro porcentaje igual para los empleados. Por último, los impositores -representantes de los clientes- lograrían un 30%.

PP y BNG consideran que esta distribución garantiza la pluralidad, pero el PSOE estima que Caixa Galicia y Caixanova quedarían en manos de la Xunta. En su alocución, recriminaron que se controlen las inversiones en Obra Social, un extremo que rechazaron los otros dos grupos. La revisión implica un tope de 70 años para poder ser consejero, y por ende, también presidente; o director general (el Bloque mantiene su postura de que en este caso se baje la edad hasta los 65). Además, no se permitirá que el representante sea un político en activo. La reposición se perfila para los dos meses siguientes a la entrada en vigor del precepto, aunque no de manera total, sino parcial. En el debate, a diferencia de lo ocurrido en fechas recientes, el PSdeG no solicitó que se paralizase la entrada en vigor de esta jurisprudencia. El documento final se debatirá en una sesión extraordinaria el 29, y hasta entonces podría haber acercamientos. El portavoz del partido de la rosa en O Hórreo, Xaquín Fernández Leiceaga, interpretó que el hecho de que cada sector, salvo la sede legislativa, solamente pueda tener un comisionado es una providencia dirigida a evitar que Vigo o La Coruña -no los citó, pero se refería a ellos- no consigan más de un puesto. «No hay intención política alguna», le replicó al instante el portavoz de Economía del PP, Pedro Puy Fraga.

En la tribuna de Raxoi, el presidente gallego denunció el doble rasero de Zapatero para eliminar a Galicia del mapa financiero. Alberto Núñez Feijóo aprecia «una sorprendente coincidencia» entre políticos e instituciones gobernadas por los socialistas y miembros del Gobierno central; y, para mayor precisión, con la vicepresidenta segunda y ministra del ramo económico, la ourensana Elena Salgado, que declaró que «no parece adecuado» que la Comunidad gallega modifique ahora su ley de cajas. «No es la mejor consejera, después de haber roto el consenso de la financiación autonómica», ironizó el también líder de los populares gallegos, con redundancia incluida. Rechazó la constatación de un boicot, pero anticipó que, de haberlo, será denunciado. Igual que recriminó la arbitrariedad detectada con relación a Cataluña y Andalucía, «al impulsar la fusión de las cajas catalanas y andaluzas desde Moncloa y el Banco de España», agregó. Por último, calificó de sorprendente que «un partido gallego pueda demandar al Ejecutivo central un recurso». El máximo mandatario autonómico advirtió a los de Manuel Vázquez que salir del consenso es «un error histórico; más cuando rompieron el pacto consigo mismos», dijo.