Al Gobierno de Zapatero se le acumularon ayer los problemas en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Primero se levantó con un auto del Tribunal Supremo sobre la mesa, por medio del cual acuerda plantear un recurso de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de esta iniciativa, que mantiene la obligación de que las cadenas de televisión inviertan al menos un cinco por ciento de sus ingresos en la financiación de largometrajes, cortos y películas para las televisiones españoles y europeas. Después se encontró con un plante en el Congreso del PP, PNV, ERC-IU-ICV y Nafarroa Bai, solicitando un aplazamiento urgente de la reunión de la Comisión Constitucional, que debía someter a aprobación el nuevo texto legislativo, ya que entendían que no había habido tiempo para analizar las enmiendas y denunciaban la «tramitación exprés».

Plante parlamentario

El primer golpe, el que se refiere a la posible inconstitucionalidad de este precepto de la ley, que ya formaba parte de la aprobada en 1994 y modificada en 1999 y 2001, lo intentó parar la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, manifestando su confianza en la «plena constitucionalidad» de esta medida. La ministra realizó estas declaraciones en el Congreso de los Diputados y consideró necesario esperar el dictamen sobre la posible inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.

El segundo golpe lo tuvo que parar el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Oscar López, que cedió a la presión de una gran parte de los grupos parlamentarios, excepto PSOE, CiU y Coalición Canaria. La rebelión de estos grupos, que no quieren una «tramitación expres», sin tiempo para estudiar enmiendas, derivó en un motín parlamentario, ya que decidieron enviar un escrito a la Mesa de la Comisión Constitucional para que aplazara la reunión que estaba previsto celebrar por la tarde. En esta reunión se tenía previsto aprobar la Ley, «a prisa y corriendo», según fuentes del PP, cuyo portavoz, Miguel Angel Cortés, se mostró en contra «de la aceleración que se nos impone. El Gobierno no puede seguir diciendo que es una ley dialogada». Para el portavoz de ERC. Joan Ridao, se pretendía «hurtar al Gobierno un debate fundamental. Se quiere tramitar con nocturnidad y alevosía».

Estos grupos denunciaron que se habían detectado «errores graves en la publicación de las enmiendas y en el informe de la ponencia». Además, criticaron que 52 de las enmiendas transaccionales no se entregaran hasta el lunes por la noche. Ante la presión, el PSOE optó por suspender la Comisión y aplazarla hasta el 7 de enero.

Guardans y Europa

Otro motín es el que planea en el seno de las televisiones ante el dictamen del Tribunal Supremo que sostiene que el 5% no responde a ninguna disposición europea, como afirmó Ignasi Guardans el mismo día que tomó posesión como director del ICAA. En declaraciones a un periódico, Guardans sostuvo: «No es un acto de limosna que hizo el PP, es el cumplimiento de España de una directiva europea, no es un acto de caridad, si no una obligación de un derecho». A lo que el Supremo ha contestado ahora que «en realidad se trata de una medida legislativa ajena al texto comunitario y en modo alguno impuesta por éste».

A la vista de este patinazo, que se suma a los anteriores, muchos se preguntan ahora si la elección de Ignasi Guardans, realizada en base a su larga trayectoria como europarlamentario, ha sido la correcta. ¿Seguirán sin rodar cabezas?, como mantuvo Sinde hace unas semanas.