Si el presidente francés Nicolas Sarkozy fue la clave para la resolución del «caso Haidar» esta misma semana, ante un Gobierno español que se veía impotente ante la firmeza del marroquí en no dejar pasar a la activista saharaui a El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, también parece que debe serlo en el frente que continúa abierto en el Ministerio de Asuntos Exteriores: el secuestro de tres cooperantes catalanes en Mauritania a manos de Al Qaida. El Ejecutivo trabaja mano a mano con el Gobierno galo para resolver esta retención por parte de la célula terrorista Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), grupo que también tiene en su poder al francés Pierre Camatte y que ayer mismo se supo que también ha captado a un italiano y a su esposa.

Fuentes del Gobierno español han destacado la importancia de la colaboración hispano-francesa después de que Al Qaida haya reivindicado que los primeros cuatro cooperantes están en su poder.

Desde el 25 y 29 de noviembreCamatte, de 61 años, fue secuestrado el pasado 25 de noviembre en la localidad de Menaka, al norte de Mali, cuatro días antes de que Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez fueran capturados en Mauritania.

En ambos casos, los primeros indicios llevaron a los investigadores a pensar en la autoría de Al Qaida en el Magreb Islámico y el grupo se responsabilizó de los dos secuestros el 8 de diciembre, a través de una grabación reproducida por la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Tras este mensaje, en el que la organización avanzaba que enviaría sendas cartas a los gobiernos de España y Francia con las condiciones para liberar a los rehenes, diversos foros de grupos islamistas en internet difundieron otro comunicado en el que se aseguraba que los cuatro estaban bien de salud. La nota, fechada el 7 de diciembre, no desvela las reivindicaciones, pero vinculaba la seguridad de los secuestrados a la de los captores y la de «los hermanos musulmanes».

El Gobierno guarda silencio sobre las gestiones en marcha y se limita a pedir prudencia y discreción cuando se interpelado por los pasos que se han dado hasta el momento para avanzar hacia la liberación.
Tras el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso ofrecer ningún dato nuevo y pidió discreción «por un principio de responsabilidad y eficacia».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado desde un primer momento de canalizar la información, emite a diario un comunicado en el que se limita a señalar que se ha reunido el comité técnico creado para hacer el seguimiento del caso y que las familias permanecen informadas. Se dice que el comité se reúne para analizar las gestiones que se están desarrollando a fin de poder liberar a los cooperantes de la ONG Acció Solidária, pero la demora ha provocado ya las primeras críticas sobre la eficiencia del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a la hora de abordar los problemas que arrecian en el exterior y la eficiencia de su estrategia en las relaciones internacioanles.

Sin embargo, ese comunicado diario persigue el objetivo de desviar el acoso mediático que el Gobierno sintió durante los 47 días de secuestro del atunero vasco «Alakrana», cuando no faltaron las ruedas de prensa de los familiares de los marineros retenidos en aguas somalíes por bucaneros quejándose amargamente de la falta de información y de atención por parte del gabinete de crisis formado en el Gobierno.