España había llamado a la puerta de la liberación de Aminatu Haidar de manera insistente pero sin dejarse los nudillos o, al menos, sin que Marruecos quisiera atender. El Ejecutivo español no lo dijo pero había sido advertido de las intenciones del Reino alauí de expulsar del Sahara a Haidar y España aceptó su entrada sin pasaporte y en contra de su voluntad. Esa fue la chispa de una crisis cuyas consecuencias no fueron bien calculadas y cuya resolución ha puesto a cada país en su sitio.

Por mucho que se llamó a la puerta, el aldabonazo definitivo llegó de más allá, especialmente de Francia, que una vez más deja claro quién tiene prioridad de paso en Rabat. Los esfuerzos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que decidió poner toda la carne en el asador de las siempre ardientes relaciones bilaterales, no se han visto recompensados con una respuesta afirmativa del Gobierno de Mohamed VI a sus peticiones para que dejara regresar a Haidar. Por un lado, hubiera sido una buena ocasión para que el Soberano agradeciera todo lo que desde España se está haciendo por su país. Por otro, se constata que es el país magrebí el que marca el ritmo de las relaciones bilaterales.

A España le quedan seis meses por delante encabezando la Unión Europea, va a organizar en Granada la primera cumbre bilateral de los 27 con Marruecos y, además, es la más fiel defensora del estatuto avanzado que Bruselas ha ofertado al Reino alauí. De forma paralela, Marruecos es el principal destinatario de la ayuda al desarrollo española.

Pero la diplomacia española evita a toda costa criticar al vecino del sur. El propio Zapatero, en declaraciones públicas, antepuso las relaciones con Rabat a la resolución del «caso Haidar». Sólo algunos funcionarios de Exteriores reconocen con la boca pequeña que Marruecos no debería haberles castigado tan duro con el «caso Haidar».

El Gobierno insiste en que no se ha pagado ningún precio, pero en el comunicado hecho público en la noche del pasado jueves decía lo que a Rabat le gusta escuchar en el momento más adecuado y, especialmente, con respecto a su «sagrada» causa saharaui. «España constata que la Ley marroquí se aplica en todo el territorio del Sahara Occidental».

Esto es una evidencia ampliamente comprobable desde que las autoridades españolas pusieron pies en polvorosa al olor de la Marcha Verde hace 34 años y se terminara la guerra con el Polisario a finales de los años 80. Es más, por mucho que se insista -ayer la última vez- en que se busca una solución al conflicto acordada por las partes bajo los auspicios de la ONU que permitan la autodeterminación de los saharauis, en ningún momento esas declaraciones ponen nervioso Mohamed VI. En Rabat guardan como un tesoro el hecho de que se dé por bueno el plan de autonomía para el Sahara presentado en 2006 por el Monarca y que en ningún caso permitiría la celebración de un referendum de autodeterminación que cada vez parece más imposible.

Responsabilidad española

En ningún momento, además, España ha querido en estos años asumir su responsabilidad como potencia colonial, pues deberían ser sus leyes las que imperaran mientras no se termine el proceso descolonizador. Tampoco ha querido poner el duda la autoridad que los marroquíes detentan de facto en el territorio. Es más, España se olvida de todo esto para beneficiarse de acuerdos como el de pesca firmado entre Marruecos y la UE cuyos beneficiarios son casi todos barcos españoles que pescan en aguas saharauis. Hoy, ningún país del mundo reconoce ningún derecho de soberanía del Reino alauí sobre el territorio.