Actualizado Martes , 09-02-10 a las 17 : 11
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer la Ley de Lenguas que regula el uso del catalán en esta Comunidad y que, entre otras consecuencias, prevé la creación de la Academia Aragonesa de la Lengua Catalana, que se prevé que funcione en el plazo de un año. La ley fue aprobada por 34 votos a favor —los de PSOE y CHA—, 29 en contra —los de PP y PAR— y la abstención del diputado de IU.
De antemano se sabía qué iba a votar cada grupo. Lo que quedaba por conocer era el fondo e intensidad de los discursos. Y, en esto, lo más significativo fue la contundencia con la que el PAR se distanció de sus socios del PSOE. El Gobierno votó dividido: el PAR votó en contra, como el PP, partido mayoritario de la oposición; y el PSOE tuvo el respaldo de Chunta (CHA).
Entre PSOE y PAR, la elaboración de la Ley de Lenguas ha generado diferencias insalvables. El PAR se negó a considerar el catalán como «lengua propia» de Aragón. El PSOE estaba abierto a dar sello propio a la denominación, a llamar «catalán de Aragón» a las modalidades lingüísticas de las comarcas limítrofes con Cataluña. Pero el PAR rechazó de plano que apareciera la palabra catalán, aunque fuera acompañada del «apellido» aragonés. Eso condujo al PSOE a negociar con CHA, el único respaldo que le era aritméticamente posible para poder sacar adelante su proposición de Ley de Lenguas.
Dureza crítica del PAR
El texto resultante generó ayer un debate en las Cortes que, en lo político, sobre todo fue relevante por la dureza con la que el PAR criticó la ley que han logrado aprobar sus socios de gobierno.
Ni el presidente del Ejecutivo, el socialista Marcelino Iglesias, ni el vicepresidente, el líder del PAR José Ángel Biel, tomaron la palabra en el hemiciclo. Tampoco el portavoz del PP, Eloy Suárez.
Quienes protagonizaron el debate fueron los diputados que trabajaron en la ponencia que, durante semanas, había tramitado la proposición de ley en las Cortes. En el caso del PAR, María Herrero, quien ayer desde la tribuna de las Cámara autonómica calificó la Ley de Lenguas como «gran error». Aludió a CHA como «los amigos de Esquerra Republicana de Cataluña» y lamentó que hayan prosperado algunas de sus tesis respecto al catalán.
«Fractura la sociedad»
María Herrero también criticó la Ley de Lenguas por el «elevado coste» que va a provocar por cuestiones tales como la contratación de traductores en la Administración, la «complicación» de los trámites burocráticos en las comarcas afectadas o la creación de las dos academias de la lengua previstas: una para el catalán y otra para el aragonés, el habla del norte de la región, también regulada por esta ley. La diputada del PAR también afirmó que esta ley, por reconocer el catalán como lengua propia, «fractura la sociedad» aragonesa: «ya ha creado tensiones y van a ir en aumento, y siempre hemos dicho que una Ley de Lenguas que divide es un fracaso antes incluso de que nazca».
«Moderación» del PSOE
Desde el PSOE, sin embargo, el diputado Carlos Álvarez negó los riesgos apuntados por el PAR y compartidos desde las filas del PP. Álvarez afirmó que la ley que sale adelante «sigue siendo moderada» tras su negociación con CHA —a la que no se han admitido todas sus tesis, ya que entre otras cosas aspiraba a que el catalán fuera lengua cooficial en Aragón—.
El diputado socialista insistió en que «las señas de identidad de la ley siguen siendo la voluntariedad, la territorialidad —ceñirse a las comarcas plurilingües— y la no cooficialidad». Y destacó que aspectos como la enseñanza del catalán en las comarcas limítrofes con Cataluña es algo que se viene haciendo en Aragón desde hace más de 20 años, amparado por gobiernos de distinto signo, incluido del PP.
Por su parte, el diputado del Partido Popular Miguel Navarro afirmó que esta ley «se ha tramitado a espaldas de los aragoneses», y justificó por ello la campaña que su partido está desarrollando en la calle, con mociones en los ayuntamientos y recogidas de firmas. Para el PP, la ley encierra una «cooficialidad encubierta» del catalán y «traspasa la línea roja que marca el Estatuto de Autonomía» cuando dice que Aragón debe regular sus lenguas propias.
Ante la profunda división que este asunto ha generado en la coalición PSOE-PAR, la clave ahora está en cómo se desarrollará la Ley, algo que le corresponde al Ejecutivo PSOE-PAR. Algunos apuntan a que una posibilidad para no agravar la brecha en la coalición, en plena recta final de legislatura, sería ralentizar el desarrollo legislativo, aplazar los acuerdos con los que se deben sustanciar cuestiones, como, por ejemplo, la creación de las academias de la lengua del catalán y del aragonés.

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