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Jueves
, 17-12-09 a las 13
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El Tribunal Supremo de Pakistán ha anulado finalmente el decreto de 2007 que amnistiaba al presidente Asif Ali Zardari y a varios ministros, abriendo así la vía a los procesos judiciales por corrupción (a excepción del presidente, que goza de inmunidad) que podrían desestabilizar a un gobierno ya de por sí muy desgastado.
Zardari y algunos de sus colaboradores están entre los favorecidos por la orden, aprobada por el ex presidente Pervez Musharraf en 2007, que ha quedado derogada.
En una reciente rueda de prensa en Islamabad, el viceministro de Justicia, Afzal Sindhu, hizo pública la lista de beneficiarios que incluye a autoridades como el ministro de Interior, Rehman Malik y el titular de Defensa, Chaudhry A. Mukhtar, entre otros dirigentes del gobernante Partido Popular (PPP), según los medios paquistaníes.
La Ordenanza de Reconciliación Nacional (NRO) fue aprobada en octubre de 2007 por Musharraf para facilitar el regreso del exilio de Zardari y su difunta esposa, la ex líder del PPP, Benazir Bhutto.
En cumplimiento de la ordenanza fueron retirados los casos abiertos contra altos cargos paquistaníes acusados por causas criminales o de corrupción entre 1986 y 1999, periodo comprendido entre dos regímenes militares en Pakistán.
En los últimos días, la prensa paquistaní había publicado los nombres de destacadas personalidades que supuestamente se habían beneficiado de la medida, en algunos casos de manera errónea, por lo que el primer ministro, Yusuf Razá Guilani, pidió al Ministerio de Justicia que hiciera pública la lista.
El Tribunal Supremo dictaminó a finales de julio que la ordenanza debía ser aprobada por el Parlamento nacional en un plazo de cuatro meses para poder ser convertida en ley y continuar vigente.
El plazo concluyó el 28 de noviembre, pero el Gobierno ha optado por no someterla a votación al considerar que la hubiera perdido porque la mayor parte de la oposición y sus socios de coalición se oponen a ella.
Los tribunales podrán reabrir los casos de aquellas personas que habían obtenido protección legal en cumplimiento de la ordenanza, pero no los de Zardari, que en su condición de presidente goza de inmunidad.
