El miedo acorrala estos días muchas casas, muchas personas y muchas voces en El Aaiún. Ese miedo pesa especialmente en la familia de Aminatu Haidar. Cientos de agentes marroquíes sin uniforme escudriñan todo lo que huela a disidencia saharaui.

Les ayudan soplones a base de propinas o ciudadanos que cantan amedrentados quién sale y entra de la casa de su vecino. El extranjero se ve nada más llegar rodeado, escuchado y observado. No se esconden. Es más, con frecuencia luchan por ser vistos. Así, acaban dirigiéndose a los periodistas por su nombre, como queriendo dar un toque de familiaridad al acoso, menos agresivo que antes. «Es por su seguridad», dicen obligados por el falso guión.

Muchos trabajan desde los «años de plomo» de Hasán II. Controlan hoteles, cafés, restaurantes y, especialmente, las viviendas de activistas de lengua más suelta. Aquellos que, tras años de cárcel y torturas, viven ya anestesiados contra el cerco policial.

Si hay una casa símbolo de la crisis abierta entre Madrid y Rabat por el «caso Haidar» ésa es la de Ghalia Djimi, presidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH). Por allí pasan los periodistas, los abogados, los enviados de EE.UU. y por allí pasó el domingo la diputada Rosa Díez hasta que un grupo de agentes la echó. También Bachir Lekhfawni, compañero de Haidar, va a diario. La madre de Haidar no se atreve a abrir. «Les aterrorizan y hasta los vecinos tienen miedo a contactarte», dice Lekhfawni. Mientras, en casa de Ghalia Djimi la inmunidad es el mejor escudo frente al coche policial de la puerta. El hijo menor de la activista, compañera de celda de Haidar durante cuatro años, entra cada rato a la carrera a dar el parte. «Han cambiado de esquina». «Ha habido relevo»... Es su particular juego a «polis y cacos».