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Actualizado Sábado , 19-12-09 a las 14 : 17
El pasado miércoles, el presidente del Gobierno balear, el socialista Francesc Antich, presentaba una serie de medidas específicas contra la corrupción, entre las que la más destacada era la puesta en marcha de un llamado «código ético», que prevé que una persona imputada no podrá optar ni ser nombrada para ningún cargo público, mientras que quienes ocupen ya un cargo y sean imputados con posterioridad a su designación, deberán dimitir si, a instancias del Ministerio Fiscal, se les abriera un juicio oral o un juez dictase medidas cautelares contra ellos.
El contenido del citado código ético fue pactado por los integrantes del tripartito que en estos momentos gobierna en las principales instituciones del Archipiélago, entre ellas el Ejecutivo autonómico, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, con el objetivo de intentar salvar y mantener el actual pacto de gobernabilidad.
Profunda crisis
La decisión de poner en marcha esta iniciativa surgió a raíz de la fuerte crisis política interna vivida en estas últimas semanas en el seno del actual gobierno de centroizquierda, por las divergencias existentes sobre diversos asuntos entre el PSOE, la coalición denominada Bloc y UM, sobre todo por lo que respecta a cómo consideraba hasta ahora cada formación que se debía encarar, políticamente, la actual situación procesal en la que se encuentran algunos importantes cargos políticos institucionales en estos momentos.
Cabe recordar que en la actualidad se encuentran imputadas, entre otras personas, la presidenta del Parlamento autonómico y presidenta de honor de UM, Maria Antònia Munar, así como varios dirigentes más de la formación nacionalista, entre ellos su presidente, Miquel Àngel Flaquer; el consejero de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, o el portavoz de UM en el consistorio palmesano, Miquel Nadal.
También se encuentran imputados por ahora el presidente del Consejo de Ibiza, el socialista Xico Tarrés, y diversos cargos y ex cargos del PP, entre ellos el ex presidente autonómico, Jaume Matas.
Una vez presentado el citado «código ético», el PSOE, el Bloc y UM se han comprometido a cumplirlo y hacerlo cumplir, pero este deseo choca, por ahora, con el hecho de que si un diputado o un regidor no quieren dimitir, podrán seguir manteniendo su acta, al menos hasta que no se modifiquen los actuales reglamentos existentes en el Parlamento autonómico o en los distintos municipios del Archipiélago.
Además, en estos momentos dicho código sólo afectaría directamente al ex portavoz de UM en el Parlamento autonómico y diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros por el llamado «caso Son Oms», de presunta corrupción urbanística. A pesar de ello, Vicens ha dicho en reiteradas ocasiones que no piensa dimitir, y nadie puede obligarle a ello.
A todo ello hay que añadir que el Bloc ya considera ahora que el citado código es sólo un «documento de mínimos», que debería de ser mejorado a partir de febrero en el Parlamento autonómico, y que no soluciona por ahora situaciones políticas tan graves como la que está viviendo el tripartito en el Ayuntamiento de Palma.
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