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Sábado
, 12-12-09 a las 08
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El Gobierno ha decidido ahora echar la culpa a la Policía del conflicto creado por la saharaui Aminatu Haidar, con lo que ha abierto otro conflicto, pues los sindicatos policiales, indignados, le acusan de mentir y eludir sus responsabilidades.
«Ninguna autoridad política está en el día a día dedicada a establecer autorizaciones o denegaciones de lo que es simplemente la aplicación de la ley, que corresponde a las autoridades administrativas, que tienen encomendada esa gestión», dijo ayer desde Bruselas Rodríguez Zapatero. Y lo hizo casi a la misma hora en que Fernández de la Vega, en Madrid, señalaba a «la policía de fronteras» como responsable, primero, de haber autorizado el embarque sin pasaporte de Aminatu Haidar, de vuelta a Lanzarote desde El Aaiun, el pasado 14 de noviembre, y, segundo, de permitirle pasar la aduana española.
Un permiso
Según Zapatero, todo se hizo conforme a la ley porque, aunque no traía consigo el pasaporte, retenido por Marruecos, sí dispone de «un permiso de residencia por razones humanitarias, que le permite entrar en España».
Respecto a la gestión de la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, ante el ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, Zapatero no quiso desvelar si la iniciativa se puso en marcha a petición de Madrid. Sólo confirmó que estaba entre los países y «organismos internacionales» que se han interesado por arreglar un problema que «en última instancia» está en manos de la ONU, pues el fondo de la huelga de hambre es la situación del Sáhara.
Fernández de la Vega repitió el mismo mensaje que su jefe —la actuación de los funcionarios policiales está en el origen del problema— y comentó que el Ejecutivo estudia medidas legales para preservar la vida y la salud de Haidar.
El afán gubernamental por eludir responsabilidades en el origen y en la gestión del caso de la saharaui provocó la indignación de los sindicatos policiales, que calificaron de «bajeza moral» el hecho de culpar de lo ocurrido a la Policía. El SUP acusó a De la Vega de «mentir» y a Zapatero de «no enterarse».
«Lo que hubo en este caso fue una deportación y una detención ilegal hecha desde Marruecos con la complicidad de alguien desde España. Si fue un político que sea cesado o dimita, y si fue un policía lo mismo», explicó el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez, en declaraciones a Ep, además de invitar al Gobierno a «resolver los problemas y no echar balones fuera».
El papel del Rey
Además, Zapatero dedicó buena parte de la rueda de prensa final de la cumbre de la UE a responder sobre la posible mediación de Su Majestad el Rey en el caso. El presidente del Gobierno se decantó por «preservar» la relevancia y el prestigio de la figura de Don Juan Carlos en el exterior y por eso es necesario conducirse con «prudencia y responsabilidad» cuando se trata de adjudicarle una mediación internacional.
Tras reconocer que Don Juan Carlos realiza gestiones —unas se conocen y otras «ni siquiera tienen trascendencia pública»— , insistió en que el modelo constitucional reserva al Gobierno esa tarea. Y ese principio se mantendrá «durante todo el tiempo que sea necesario y conveniente».
«De momento, en el caso que nos ocupa —explicó—, vamos a mantener ese principio de que sea el Gobierno, en el ámbito del Ministerio de Exteriores, el que se ocupe de ayudar a resolver la situación que tenemos». El Rey «siempre está dispuesto a colaborar y siempre está en perfecta sintonía con el Gobierno», remachó Zapatero.
