«Hay que recuperar el recurso previo»

06/12/2009 a las 04:40h.

España nunca había tenido una Constitución democrática que durara 31 años. Tres décadas después de su aprobación en referéndum, necesitaría una reforma para adaptarla a los nuevos tiempos y cerrar el modelo territorial, según los catedráticos de Derecho Constitucional consultados por ABC, aunque el ambiente político no es el más favorable. Sus opiniones son las siguientes:

Pedro González Trevijano

Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

«Nunca se debería haber puesto al TC en esa tesitura»

«La Constitución de 1978 sigue dando respuesta sustancialmente a las grandes cuestiones de ordenación nacional -derechos fundamentales y organización y estructura de los poderes del Estado-; donde la quiebra es mayor es en la organización territorial del Estado -el Estado de las Autonomías-, y eso ha ocurrido por la falta de lealtad constitucional o por la ausencia de grandeza de miras de cierta clase política. Es verdad que la escasísima regulación de la Constitución sobre las Autonomías se ha concretado en el transcurso de los años en un problema para la correcta configuración y el funcionamiento de las mismas, pero también es cierto que en España falta ese sentimiento de afecto y respeto a la Constitución».

«En los últimos tiempos se ha producido, como consecuencia de la desafortunada política autonómica, un desbordamiento de la recta interpretación de la Constitución. La reforma última de los Estatutos de Autonomía está produciendo mutaciones constitucionales espurias, revisiones constitucionales sin seguir el procedimiento de reforma de la Constitución, lo que supone un quebrantamiento de la Carta Magna».

En cuanto a la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña, afirma que «sin género de dudas, todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución. Entre ellos, las Cortes Generales y los Parlamentos de la Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional no es el único, pero sí el supremo intérprete de la Constitución y, como tal, está habilitado para declarar la inconstitucionalidad de cualquier clase de norma jurídica, incluidos los Estatutos, aunque hayan sido refrendados por ciudadanos en los territorios de origen. En ello consiste el principio de la constitucionalidad».

No obstante, agregó que «políticamente, no se pueden ignorar las dificultades prácticas, que es lo que está sucediendo, para que el TC pueda acometer una función de este tipo; aunque jurídicamente es intachable. Nunca se debería haber puesto al TC en esta tesitura. Los dos grandes partidos políticos están obligados a ponerse de acuerdo en una política autonómica común y sin tachas de constitucionalidad antes de la aprobación de las previas reformas de los Estatutos de las Autonomías». Para evitar situaciones como la actual, considera que «sería conveniente restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad en estos casos».

Roberto Blanco Valdés

Universidad Santiago de Compostela

«El Estatuto viola el pacto constitucional de manera flagrante»

«La Constitución es un texto normativo, pero también un gran pacto político: el pacto fundacional de la actual España democrática. Para que la Constitución quedase flamante, a la altura de 2009, se podría reformar en muchos ámbitos, pero hay una reforma que es absolutamente indispensable: no podemos seguir con un modelo territorial permanentemente abierto, con un constante juego con las competencias del Estado y las autonómicas. Pero además tenemos un sistema de partidos políticos muy complicado, en el que, cuando el partido que tiene mayoría en las Cortes no tiene mayoría absoluta, depende siempre de los nacionalistas. Con esas dos características juntas, el sistema territorial es una especie de bomba de relojería. Por eso, es absolutamente indispensable modificar la Constitución para cerrar el modelo territorial y perfilar el sistema de reforma estatutaria. Los estatutos de autonomía sólo se deben de poder reformar en las Cortes Generales por mayoría de dos tercios, y no por mayoría absoluta, como hasta ahora. También debe restablecerse el recurso previo de inconstitucionalidad para la reforma de los estatutos».

En cuanto al estatuto de Cataluña, afirma que éste «ha reformado la Constitución de forma fraudulenta, y su sistema de blindaje es una alteración espuria y fraudulenta de nuestro sistema de distribución de competencias, que no permite el blindaje competencial. Las previsiones en materia de poder judicial, lingüística, de Defensor del Pueblo, en materia de financiación autonómica... suponen una violación flagrante de la Constitución. Esto lo comparten muchísimos juristas en privado. Si el TC mantuviera el estatuto en los actuales términos, sería muy difícil reformar la Constitución para cerrar el modelo territorial».

«Por tanto, el estado de salud de la Constitución es bueno en términos generales, porque es la mejor Constitución que hemos tenido, la que ha contado con mayor grado de acuerdo, la que más tiempo ha sido capaz de garantizar la libertad, la democracia y la paz entre españoles. Y con un alto grado de calidad democrática -muy superior al de la II República-. Pero lo que no está bien es lo que se refiere al pacto territorial».

Enrique Álvarez Conde

Universidad Juan Carlos I

«El TC puede anular también un acuerdo internacional»

«La de 1978 es una Constitución normativa, la primera que tenemos plenamente vigente en nuestra historia, pero necesita una reforma que requiere el acuerdo entre los dos principales partidos políticos, lo que hoy no es posible. En los países de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Portugal, se han realizado numerosas reformas para adaptar la Constitución a los tiempos. El problema es que en España el ambiente político lo hace imposible. Salvo que cambiasen mucho las cosas, hoy por hoy no se puede».

«Jurídicamente, el TC está capacitado para anular cualquier norma que se oponga a la Constitución, haya sido aprobada por el Parlamento o mediante referéndum, y democráticamente tampoco supone ningún problema. El TC también puede anular, si considera que es inconstitucional, un acuerdo internacional, que es más complicado al haber afectados dos Estados. Por tanto, no hay problemas de legitimidad ni jurídico».