Sábado , 05-12-09
El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó ayer, en Consejo de Ministros, un proyecto de ley para modificar la Ley de Navegación Aérea. «No es el mismo perro con distinto collar», precisaron a ABC fuentes del Ministerio de Fomento, impulsor del proyecto legislativo, a la pregunta de si el Ejecutivo central trata de recuperar el espíritu de la enmienda a esa misma ley de Navegación Aérea que quería obligar a los vecinos cercanos a los aeropuertos a soportar «a la fuerza» los ruidos de los sobrevuelos y la contaminación acústica.
Los afectados sí creen que el proyecto de ley aprobado ayer «es la misma imposición de soportar el ruido a la fuerza, pero lo maquillan con un debate parlamentario». Además, recuerdan, existe una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de octubre de 2008 que, en el caso del aeropuerto de Barajas, sentencia que «cesen las causas» por las que se molesta a los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, porque, dice el fallo del TS, «se vulnera el derecho a la intimidad domiciliaria». El problema en dicha urbanización son los vuelos en configuración sur que se realizan por la pista 18R de la T4. Con la utilización de la pista 18L el problema se zanjaría, insisten los afectados.
Pérdidas y empleo
Como informó este periódico, la polémica enmienda que obligaba a soportar los ruidos, presentada por el Grupo Socialista del Senado, tuvo que ser retirada «in extremis» el pasado miércoles ante la fuerte presión de vecinos afectados y 17 ayuntamientos madrileños así como por la falta de apoyo político y parlamentario en la Cámara alta.
Desde el Gobierno central se insiste en que el proyecto de ley aprobado ayer «reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidas por los daños y perjuicios que se les ocasione por la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sean un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo».
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue muy clara. Se refirió al aeropuerto de Barajas y dijo que la reducción de vuelos -que ordena la sentencia del Supremo- podría afectar a cerca de 125.000 puestos de trabajo a largo plazo y causaría pérdidas «en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y unos 3.000 a medio y largo plazo».
El proyecto de ley propone «establecer un marco jurídico claro» que fije las «obligaciones del Estado en materia de calidad acústica», compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario, «respetando su intimidad domiciliaria», concepto este último que es, precisamente, el que ordena respetar el TS en el caso de Algete y que, tanto vecinos como ayuntamiento, consideran que crea jurisprudencia.
Las mismas fuentes oficiales indican que el objetivo de la proyectada reforma de la Navegación Aérea «pretende lograr un justo equilibrio» entre las partes implicadas. Reconocen que la vigente legislación en esta materia, que data de 1960, «está obsoleta» porque en tantos años «las necesidades son otras».
También se recuerda que las «disponibilidades» del aeropuerto de Barajas «propician la fusión Iberia-British Airways» de cara al tráfico aéreo desde Madrid a los países iberoamericanos. El proyecto de ley pasa al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario.

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