Pone en duda el nuevo impuesto que deberán pagar las TV privadas y los operadores de telecomunicaciones
Tras la estela francesa
España está siguiendo desde hace años la órbita de Francia en materia de regulación y financiación de los entes públicos de radiodifusión, y también en los conflictos con la Comisión Europea. El pasado mes de septiembre el Ejecutivo comunitario autorizó una primera dotación de 450 millones de euros para la corporación pública France Télévisions con cargo al ejercicio de 2009 para compensar la supresión paulatina de la publicidad pero, al mismo tiempo, abrió una investigación sobre el conjunto del sistema de financiación.
En el caso del país galo los particulares «patrocinadores» de la ausencia de publicidad y todo tipo de recursos comerciales en las cadenas de televisión públicas a partir de las 20,00 horas (el cotizado «prime time» audiovisual) son los operadores de telefonía y los que facilitan el acceso a internet.
Los viajes que ha realizado en los ultimos meses la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la Comisión Europea para explicar la nueva financiación de RTVE han sido infructuosos.
El Ejecutivo comunitario anunció ayer que ha abierto una investigación formal para estudiar si el nuevo sistema español, que sustituye la publicidad por un sistema de gravámenes, se ajusta a la legislación europea en materia de ayudas de Estado, en principio prohibidas en Europa salvo autorización expresa por distorsionar el Mercado Interior Europeo.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, aseguró ayer en un comunicado que Bruselas no se opone a la modificación del sistema de financiación en sí mismo, pero tiene dudas de que los nuevos gravámenes sean compatibles con la normativa comunitaria.
Sin anuncios desde 2010
La nueva legislación española, de septiembre de 2009, establece que la emisión de publicidad, los servicios de televenta, la comercialización y los programas de acceso condicional en RTVE se interrumpirán con efecto inmediato desde la entrada en vigor de la ley. Cabe recordar que fue la propia De la Vega quien se ocupó de impulsar esta normativa, que causó profundo malestar en la cúpula directiva de Televisión Española y que incluso podía haber provocado la marcha del presidente de la Corporación, Luis Fernández.
La cuestión de fondo es que detrás de este interés loable por hacer una programación de mayor calidad, y por tanto sin anuncios, se establecen una serie de gravámanes o impuestos obligatorios a otros sectores privados.
En concreto los operadores de televisión comercial en abierto tendrán que hacer una aportación del 3% de sus ingresos y los operadores de televisión de pago de un 1,5%, que se sumarán al 0,9% de los ingresos totales de las empresas de telecomunicaciones.
A lo anterior se le añade además el 80% de la recaudación ya existente por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta alcanzar un tope de 330 millones de euros.
En lo que a financiación pública se refiere la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró ayer en Bruselas que los Prespuestos Generales del Estado, ya aprobados en el Congreso, incluyen la correspondiente partida para RTVE, por lo que por ese lado no hay preocupación alguna en el seno de nuestro Ejecutivo.
Salgado: «Es muy exigente»
Salgado explicó que «la financiación de RTVE es muy exigente, ya que estrictamente financia lo que corresponde al servicio público, por lo que tras la apertura de este procedimiento podremos seguir con el sistema de financiación que ya se ha diseñado».
Bruselas dijo ayer que no ha podido actuar antes porque el Gobierno español no le remitió la ley de la nueva financiación de Radiotelevisión Española antes de su entrada en vigor.
España está siguiendo desde hace años la órbita de Francia en materia de regulación y financiación de los entes públicos de radiodifusión, y también en los conflictos con la Comisión Europea. El pasado mes de septiembre el Ejecutivo comunitario autorizó una primera dotación de 450 millones de euros para la corporación pública France Télévisions con cargo al ejercicio de 2009 para compensar la supresión paulatina de la publicidad pero, al mismo tiempo, abrió una investigación sobre el conjunto del sistema de financiación.
En el caso del país galo los particulares «patrocinadores» de la ausencia de publicidad y todo tipo de recursos comerciales en las cadenas de televisión públicas a partir de las 20,00 horas (el cotizado «prime time» audiovisual) son los operadores de telefonía y los que facilitan el acceso a internet.
