El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y ERC-IU-ICV a la Ley General de la Comunicación Audiovisual con los votos del PSOE y de CiU. El PNV se ha abstendio. El texto supera así su primer escollo en la Cámara baja y comenzará ahora su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido que es una ley "liberalizadora, moderna y garantista". "Una norma imprescindible para el sector y la industria audiovisual española", ha indicado.

Respecto a las críticas vertidas desde algunos sectores sobre la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA), que está previsto en el proyecto, asegura que no solapa las atribuciones de los consejos audiovisuales de ámbito autonómico y ha agregado que el proyecto refuerza la seguridad jurídica del sector. En cualquier caso, se muestra abierta al diálogo para mejorar la norma durante la tramitación parlamentaria.

Control a los mediosDesde las filas del PP, Miguel Ángel Cortés ha dicho que el Gobierno está "obsesionado con controlar los medios de comunicación audiovisuales", pone en peligro la libertad en la red y supone "una amenaza para la libertad de expresión".

Según ha dicho, el Ejecutivo quiere con este texto que las televisiones "se sientan dependientes del Gobierno, de modo que tengan que buscar su favor o temer su represalia". Cortés denuncia que esta reforma ha sido promovida "sin diálogo" y critica la creación del CEMA, una "injerencia" del Gobierno que "no tiene mucho que envidiar a la legislación chavista o los regímenes como China o Cuba" y que "vigilará" a los televisiones, radios, a los medios en internet, a las redes sociales y a los blogueros.

Todos los grupos nacionalistas han señalado que esta ley supone una "invasión de las competencias" de las comunidades autónomas y su "falta de respeto" a la pluralidad lingüística de España. Por otra parte, todos los grupos de la oposición presentarán enmiendas parciales al texto del Gobierno para que sea modificado y mejorado a lo largo de su tramitación.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se muestra en desacuerdo con el conjunto del proyecto de ley, pero dice que es necesaria una ley general que regule el sector. Duran ha criticado que el CEMA pueda ejercer un control en la concesión de licencias, el trato que se le da a la industria del cine y que la radio no esté "en el centro del proyecto".

El representante del PNV, Pedro Azpiazu, ha denunciado que la norma no tiene consenso y califica con un "cero" la gestión política del proceso. El diputado nacionalista ha explicado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad porque esperan que "el texto se corrija sustancialmente" a lo largo de su tramitación parlamentaria. De lo contrario, no tendrán "ningún reparo" en votar en contra de la ley. "Queremos darles, aunque no se lo merezcan, un margen de confianza", resume.

«Ley Berlusconi»A juicio del diputado de IU, Gaspar Llamazares, este proyecto se podría llamar la "Ley Berlusconi porque se corresponde con los intereses del sector privado y no con los intereses generales, la Ley Uteca porque es la parte con la que han negociado en La Moncloa desde hace meses, o la Ley Frankestein por los distintos contenidos que componen una norma que no ordena el sector sino que acumula iniciativas previas".

Llamazares denuncia que el objetivo del proyecto es "mantener el oligopolio en el sector" e impedir el liderazgo de RTVE en la TDT. Además, ha dicho que la autoridad audiovisual carece de competencias y de capacidad de sanción, y critica que con esta norma "se pueda llegar a emitir 29 minutos de publicidad por cada hora".

El portavoz de ERC, Joan Ridao, denuncia el "alto grado de improvisación" del Gobierno en materia audiovisual y el "servilismo hacia ciertos grupos de comunicación". Según ha dicho, este proyecto y la supresión de la publicidad en TVE busca favorecer a las televisiones para evitar "el hostigamiento" al Gobierno.

Por último, Ana Oramas (CC) ha afirmado que es una ley "muy importante pero mejorable", mientras que Francisco Jorquera (BNG) asegura que el Gobierno hasta ahora sólo ha dado "soluciones parciales" al panorama audiovisual.