El renovado Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumplió ayer dos años de su publicación y entrada en vigor con un balance «satisfactorio» para el Gobierno autonómico, que ve la norma básica de la Comunidad como un «instrumento cargado de futuro» que debe servir para profundizar en el autogobierno y «en el bienestar de los ciudadanos» de la región. Así lo aseguró ayer, en declaraciones recogidas por Ical, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

La aprobación de 16 leyes y 21 decretos y la firma de 11 acuerdos y 18 convenios son los datos que, según defendió ayer el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, permiten estar «satisfechos» con el grado de cumplimiento de la norma básica en su segundo aniversario, aunque no se mostró partidario de poner nota. «No hay ningún incumplimiento», defendió. «Lo estamos haciendo con tranquilidad, con sosiego y sin tensionar», defendió el consejero, quien afirmó que «estamos francamente cómodos en el marco constitucional», en clara alusión al Estatut catalán. «Los estatutos -añadió- se desarrollan, no se defienden». «Nuestra pequeña Constitución se tiene que desarrollar desde la tranquilidad, normalidad y sosiego», afirmó al hacer un balance sin «caer en la euforia patológica ni en el pesimismo enfermizo».

Entre los logros alcanzados se incluyen cinco asuntos aún no rubricados, pero que tienen «fecha cierta» para su aprobación como la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica, cuyo proyecto verá la luz «en quince días», el Decreto Ley que se aprobará el 23 de diciembre para transponer 20 leyes a la Directiva Europea de Servicios o el anteproyecto del Consejo Audiovisual, que será enviará a las Cortes antes de que se reanude el nuevo periodo de sesiones en febrero.

También tienen fecha la firma del convenio con la Xunta de Galicia, que se rubricará «sin duda» en la segunda quincena de enero, y la Agenda de la Población, que según anunció Herrera presentará al Parlamento regional en febrero. En los compromisos, De Santiago-Juárez también destacó la Renta Garantizada de Ciudadanía, de la que dijo que su negociación con los agentes sociales y económicos «nunca ha estado paralizada» y ahora «las posturas se van acercando». Aunque no puso fecha concreta, aseguró que la partida de 27 millones consignada en lo Presupuestos de la Comunidad «demuestra la voluntad firme» para que entre en vigor «en 2010».

En el balance recordó que hay cuestiones que son «competencia exclusiva» del Gobierno y otras en las que es «absolutamente imprescindible el diálogo», como las transferencias o Plan Convergencia, respecto al que recordó el «incumplimiento» del Estado, ya que «faltan» 75 millones que debe aportar.

De Santiago-Juárez, incidió en que el desarrollo atañe a los 91 artículos y 6 disposiciones y criticó que el PSOE haya centrado sus críticas en el desarrollo de los derechos ciudadanos, que según recordó, en un 80 por ciento emanan de leyes sectoriales que se «protegieron». En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, lamentó que se haya avanzado «muy poco» en la Carta de los Derechos, una de las «grandezas» del texto.