EN política exterior la prudencia no está reñida con la firmeza. Rodríguez Zapatero ha conseguido situar a España entre los países que no logran hacerse respetar y que son, por tanto, vulnerables ante las presiones y los chantajes. En el caso de Marruecos, el deseo de no incomodar a los vecinos del sur se traduce en una política de perfil bajo que supone con frecuencia una posición de debilidad para la defensa de los intereses nacionales. Una vez más, el asunto del Sahara demuestra que el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos es incapaz de afrontar ciertos problemas complejos. Así lo demuestra el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace dos semanas en el aeropuerto de Lanzarote y que ayer sufrió un desvanecimiento durante su entrevista con los representantes ministeriales encabezados por el jefe de Gabinete de Moratinos. El Ejecutivo realizó una oferta generosa a la activista, prometiéndole la nacionalidad española como medida excepcional de carácter humanitario. Sin embargo, no parece que esta opción sea aceptable para Haidar, expulsada de El Aaiun y obligada a volar de regreso a Canarias al serle retirado su pasaporte sin justificación alguna.

Lo cierto es que las órdenes en Exteriores son muy claras: no hay que molestar a las autoridades del Reino alauí con referencias a los Derechos Humanos, ni siquiera aunque ciertos iconos del progresismo apoyen con su parafernalia habitual la causa de los saharauis. Hoy informa ABC sobre el rechazo socialista a la propuesta del PP de introducir una referencia expresa a Ceuta y Melilla en la proposición no de ley sobre la presidencia europea consensuada la pasada semana en el Congreso de los Diputados. El temor de Rodríguez Zapatero ante cualquier asunto que pueda incomodar a Marruecos resulta muy perjudicial para ambas ciudades españolas, y también para el despliegue eficaz de nuestra acción exterior. La visita de Sus Majestades los Reyes supuso en su día un hito histórico que el Ejecutivo no ha sabido aprovechar para reforzar la posición diplomática en una materia que no admite debate alguno sobre cuestiones de soberanía. Lo mismo ocurre con la delimitación de aguas en las costas de Canarias, así como con las cautelas permanentes ante la creación de una aduana comercial en Ceuta. España tiene el máximo interés en mantener relaciones positivas de vecindad con Marruecos, pero ello no implica de ningún modo adoptar una actitud acomplejada y temerosa.