Lata Damare tenía un año cuando el infierno se desató en Bhopal. Los recuerdos de aquella madrugada los toma prestados de sus padres. «Pensaron que quemaban chiles picantes. No podían respirar y los ojos les escocían». Su familia logró escapar de la nube tóxica que envolvió la ciudad. Pero la tragedia le persigue desde entonces. A sus cinco años, su hija Mahima aparenta dos. No puede andar. Ni sentarse. Ni hablar. Su hermano murió a los cuatro años con los mismos problemas. Lata es una «hija de Bhopal», como la denomina su familia política.

La medianoche del 3 de diciembre de 1984 la ciudad de Bhopal, en el estado indio de Madhya Pradesh, se convirtió en el escenario de uno de los peores accidentes industriales. La planta de la multinacional estadounidense Union Carbide dejó escapar 42 toneladas de isocianato de metilo. El viento arrastró la mortífera nube hacia los barriadas de chabolas cercanas a la fábrica. En cuestión de horas murieron más de 3.000 personas. Hoy la cifra asciende a 20.000. Un cuarto de siglo más tarde 150.000 personas continúan sufriendo problemas respiratorios, ceguera, cánceres, desórdenes genitales... Y una segunda generación perpetúa la tragedia. Cientos de niños nacen con discapacidades físicas y mentales, ciegos y sordos.

Es mediodía y las madres llegan al Centro de Rehabilitación de la ONG Chingari Trust. Abdullah, de 13 años, realiza ejercicios en una bicicleta estática para mejorar su capacidad locomotriz. En la habitación contigua un fisioterapeuta enseña a Sambhab a utilizar sus piernas. A sus seis años no es capaz de controlar sus extremidades. Rajini Sarin espera su turno con sus dos hijos, Natan, de tres años, y Sneya, de seis, ambos discapacitados.

Si los afectados por el gas recibieron algo más de 300 euros de media como compensación, las víctimas de segunda generación no existen para el Gobierno de Madhya Pradesh. Ni para Dow Chemical, que adquirió Union Carbide en 2001. «Hemos identificado 300 niños en la zona con problemas, pero creemos que hay miles. Son hijos de personas expuestas al gas, pero también de aquellos que beben el agua de los pozos. El Gobierno no les reconoce como víctimas y no reciben tratamiento», explica Tarun Thomas, director del centro de rehabilitación, el único de la ciudad. Los estudios de la Clínica Sambhavna muestran que la incidencia de casos de malformación en niños es diez veces mayor aquí que en otras zonas.

La planta abandonada es hoy un esqueleto oxidado. En principio es necesario un permiso para acceder al complejo, pero un grupo de niños juega en los alrededores mientras sus padres recogen hierbas. La zona no ha sido limpiada. En un almacén descansan 350 toneladas de residuos químicos. Los activistas sostienen que los residuos se han filtrado en la tierra y han envenenado el agua subterránea que beben las 30.000 personas que viven en los alrededores de la fábrica, provocando una nueva tragedia.

Hubo que esperar hasta 2004 para que el Tribunal Supremo de India obligase a las autoridades locales a suministrar agua potable a estos barrios -medida que no se ha aplicado en su totalidad-. Pero todavía hoy niegan que el agua sea venenosa. «No hay efectos en la segunda generación», afirma Babulal Gaur, ministro de Rehabilitación y Ayuda de la Tragedia del Gas de Madhya Pradesh, en el jardín de su elegante bungalow. «El agua sabe mal, pero no está contaminada». Sin embargo, un estudio de Greenpeace detectó cloroformo, tetraclorudo de carbono, plomo, mercurio y níquel en pozos cercanos a la fábrica.

Lata juega con Mahima en el centro de rehabilitación. La pequeña se divierte con las carantoñas de su madre. Por un momento Lata se pone seria: «He tenido dos hijos. Uno está muerto y el otro tiene muchos problemas. El Gobierno debería ayudarme. Quiero tener un hijo sano».