El minoritario Gobierno escocés ha puesto en marcha hoy la tramitación de su prometido referéndum de independencia. La consulta popular, ideada por el “premier” Alex Salmond para finales del próximo año, no podrá celebrarse debido a la negativa del resto de partidos de dar apoyo a la ley que necesita el gobernante Partido Nacional Escocés (SNP), pero el proceso probablemente llevará a la entrega de mayores poderes a la región. Sólo el 20 por ciento de los escoceses desea la separación de Inglaterra.

En la presentación este martes de su "Libro Blanco sobre el futuro de Escocia", Salmond ha defendido la independencia es el “estado natural” de Escocia y la “mejor manera de hacer frente a la crisis económica”. En el documento, presentado en el día de San Andrés, patrón de Escocia, el Gobierno analiza cuatro opciones: dejar las cosas como están, en los términos de la autonomía lograda hace diez años; introducir una serie de ampliaciones de competencias, en la línea de lo señalado por la Comisión Calman (una comisión que ha contado con la participación de parte de la oposición, cuyo objetivo era explorar mayores poderes sin grandes cambios legislativos); la llamada “Devolution Max”, un programa de máximos que supondría competencias exclusivas en todo menos en defensa y política exterior, y finalmente la independencia.

Ésta es deseada sólo por el 20 por ciento de los escoceses, la cifra más baja desde que comenzó la crisis económica, mientras que el 32 por ciento prefiere la actual situación y un 46 por ciento reclama mayores competencias, de acuerdo con un sondeo publicado por “The Sunday Times”. El 75 por ciento defiende tener la oportunidad de pronunciarse en un referéndum, pero sólo el 25 por ciento de los ciudadanos considera que esto sea algo urgente.

El "Libro Blanco" recuerda que el referéndum fue la mayor promesa con la que el el SNP llegó al Gobierno en 2007, y anuncia una futura ley para su celebración sobre la que ni concreta la fecha ni especifica la pregunta o preguntas de las papeletas.

Los laboristas, que tradicionalmente han sido mayoritarios en la región, los liberal-demócratas y los apenas representados conservadores, rechazan la celebración del referéndum, por lo que la ley no podrá aprobarse. El Gobierno de Londres ha ofrecido a cambio ampliar competencias tomando propuestas de la Comisión Colman, pero el SNP seguirá jugando la carta de la consulta popular con la esperanza al menos de lograr la “Devolution Max”.

La oposición critica que en este momento de recesión económica el Gobierno escocés pierda en tiempo en cuestiones soberanistas. “El referéndum podría costar doce millones de libras, y eso son recursos públicos que deben dedicarse a proteger y crear puestos de trabajo, que es lo que los escoceses quieren que hagamos”, ha declarado el líder laborista en la región, Ian Gray.

El Gobierno de Gordon Brown ha avanzado su disposición a conceder 39 de las 42 recomendaciones de la Comisión Calman, entre ellas facultar al Parlamento escocés para modificar hasta un margen de 10 puntos en los topes del IRPF, así como parte del control en otros impuestos, entre ellos el de sociedades. De todos modos, el Ejecutivo central no procederá a esos traspasos antes de las elecciones generales del próximo mes de mayo, y los conservadores, previsibles ganadores, se han distanciado de esas propuestas.