La mayor crítica que se puede hacer a la ley de economía sostenible, que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que presentará a bombo y platillo el presidente del Gobierno el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, no se refiere a los contenidos de la misma, sino a las ausencias.

El Banco de España, la Comisión Europea, el FMI, la OCDE,... todos han instado al Gobierno español a abordar reformas en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones, en la Justicia, en la educación,... y todas esas reformas brillan por su ausencia en la norma que recibió ayer el visto bueno del Ejecutivo.

Del resto, de lo que sí incluye el anteproyecto, la música de fondo suena bien: «Vamos a crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas; vamos a agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos; vamos a reducir los plazos y costes para la creación de empresas y la morosidad de las administraciones públicas; vamos a reducir las emisiones de gases y a fijar políticas de ahorro energético; vamos a adaptar la formación profesional a las necesidades de las empresas...», pero la letra parece estar todavía demasiado en el aire. Uno tiene la impresión de que hay un conjunto de medidas deslabazadas, que afectan a múltiples áreas de la economía, que en sí mismas parecen positivas pero insignificantes e insuficientes para lograr el objetivo que pretende el presidente del Gobierno: cambiar el modelo productivo español.De hecho, a los que llevamos unos años escribiendo de esto la música y la letra de esta ley no nos suena a nueva. Ya los Gobiernos del PP convirtieron el impulso al I+D+i y la agilización de trámites para crear empresas en objetivos prioritarios. El propio Gobierno del PSOE presentó hace cuatro años un plan de dinamización de la economía que tenía las mismas prioridades que hoy nos cuentan. Algo no cuadra.