Seis meses después de que el presidente del Gobierno anunciara la aprobación de una ley de economía sostenible para cambiar el modelo productivo y pasar de la tradicional economía del ladrillo y la construcción a una basada en la eficiencia energética y las nuevas tecnologías, el Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al esperado anteproyecto. Serán necesarios al menos otros seis meses para que la ley pase todos los trámites parlamentarios y esté en vigor.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de un proyecto «extraordinariamente ambicioso», que incluye un gran número de reformas importantes y que antes de ser aprobado se someterá a información pública y se trasladará a agentes sociales y partidos políticos. De hecho, ayer mismo, la ministra de Economía se reunió primero con los líderes de UGT y CC.OO. y después con los de CEOE y Cepyme para presentarles un proyecto que no incluye las reformas estructurales que se le están pidiendo a España tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, como los cambios en el mercado de trabajo, el sistema de pensiones o la regulación de las cajas de ahorros.

Economía advierte que el impacto de la norma no será inmediato, no aumentará el crecimiento del PIB en dos o tres trimestres, sino que su objetivo es crear un entorno regulatorio que permita a nuestras empresas disfrutar de una posición más competitiva cuando se inicie la recuperación. En este sentido, la norma pretende crear un marco normativo estable con bajo nivel de cargas administrativas. Para ello se reforman los organismos reguladores, reduciendo el número de miembros de los consejos de la CNC, la CNE y la CMT a cuatro y el presidente, que serán nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. Los reguladores sectoriales tendrán que coordinarse con Competencia.

Respecto a la política de retribuciones se exigirá a las cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre las mismas que tendrá que ser aprobado en junta general. En el caso de las entidades financieras, el Banco de España podrá exigirles políticas de remuneración coherentes con una gestión prudente del riesgo. También aumenta la fiscalidad de los «bonus» o rendimientos irregulares, ya que se elimina la deducción del 40% para los ingresos que superen los 600.000 euros.

Para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, en seis meses se presentará un plan de austeridad en el gasto y racionalización del sector público empresarial.

Con el fin de aumentar la competitividad de nuestras empresas se prevé reducir los plazos y costes de la creación de empresas, así como los plazos de pago de las deudas que serán de 30 días máximo por parte de la Administración a partir de 2013. El resto de contratistas tendrán un plazo máximo de 60 días en los pagos a pymes y autónomos. Aumentan las deducciones por innovación e inversión medioambiental, pero siguen siendo inferiores a las que había cuando el PSOE llegó a la Moncloa.