El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha explicado hoy que los diputados católicos que apoyan o votan la reforma de la Ley del Aborto no serán «excomulgados», pero sí que se encuentran en una «situación objetiva de pecado porque actúan de una manera pública contradictoria a la doctrina moral de la Iglesia».

La situación de pecado objetivo implica que la persona no puede ser admitida a la Sagrada Comunión, mientras que si fuera ex comulgado no podría acceder a ningún sacramento, según ha señalado el portavoz de los obispos en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

Martínez Camino ha advertido que hasta que los que votan la reforman del aborto no se «confiesen y reconozcan públicamente» que se han equivocado no dejarán de estar en pecado.

Camino ha asegurado que esta postura de la Iglesia Católica, «en todo el mundo», no es nueva y se ha remitido en todo momento a sendos documentos al respecto: una carta del entonces Cardenal Joseph Ratzinger al ex presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Theodore McCarrick, de junio de 2004, y a una declaración de la CEE sobre el anteproyecto de la Ley del Aborto, del 17 de junio de 2009.

El portavoz de la CEE y Obispo Auxiliar de Madrid también ha indicado que el proyecto de Ley del Aborto, que ayer comenzó su tramitación parlamentaria, es «aún más injusta» que la legislación ya existente al respecto. «Lo nuevo (con respecto a los dos documentos a los que se ha remitido) es que ahora estamos en una situación específica que no será buena para la sociedad española. El proyecto empeora desde el punto de vista ético la actual legislación que ya es injusta», ha manifestado.

De la Vega responde

La reacción del Gobierno a las declaraciones de Martínez Camino ha sido inmediata. Este mediodía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondía durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el pecado «es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico» y que corresponde al Ejecutivo legislar «sin injerencias».

«La Iglesia tiene todo el derecho a opinar sobre los debates sociales pero es a los Gobiernos y a los Parlamentos a quien corresponde aprobar las leyes y desarrollar las políticas, y además el derecho de hacerlo sin injerencias de ningún tipo», ha indicado De la Vega.

También ha subrayado que los obispos «saben muy bien» que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas y se rigen por las normas que establece el estado de derecho. También ha recordado que la reforma del proyecto de ley del aborto pasó ayer su primer trámite parlamentario y que es una reforma que tiene por objeto establecer garantías y seguridad a toda aquella mujer que desee interrumpir su embarazo y que lo haga con plena seguridad jurídica.