El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado este jueves el ingreso en prisión de once de los 13 supuestos miembros de la organización juvenil ilegalizada Segi detenidos el martes de madrugada en el País Vasco y Navarra, y ha dejado en libertad a los otros dos arrestados.

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado, que ha adoptado esta decisión después de tomarles declaración durante todo el día, les ha imputado los delitos de integración o colaboración terrorista.

Marlaska ha dejado en libertad a Oihana Fernández Iturri y a Raúl Iriarte Rodrigo -a los que acusa de colaboración terrorista- en contra del criterio del fiscal Luis Barroso, que ha pedido el ingreso en prisión incondicional para los 13 detenidos, quienes han negado su pertenencia a Segi, sucesora de las también ilegalizadas Jarrai y Haika

y declarada terrorista por el Supremo en 2007.

El juez ha impuesto además comparecencias semanales en el juzgado a Fernández Iturri e Iriarte Rodrigo y les ha prohibido abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar su domicilio. El magistrado continuará este viernes con los interrogatorios de los otros 21 detenidos en el operativo desarrollado el martes y está previsto que se prolonguen hasta este sábado.

La operación se llevó a cabo a partir de la documentación incautada al responsable del aparato político de ETA Ekaitz Sirvent, detenido el pasado mes de abril en París, y en parte de ese material se citaba como las "luchas prioritarias" de Segi el tren de alta velocidad (TAV), el "modelo educativo", la "especulación inmobiliaria" y la construcción del "Estado vasco".

Con la detención de estos 34 presuntos miembros de Segi, considerada por el Ministerio del Interior la "cantera de ETA" y la máxima responsable de la violencia callejera en el País Vasco y Navarra, la organización ha quedado "descabezada". Los Servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil consideran que Segi pretendía reforzar su estructura, aumentando las captaciones de nuevos militantes y ampliando su permanencia en la organización. También trataba de potenciar los procesos de formación de sus miembros para poder acometer las directrices de ETA, "endurecer el conflicto" e incrementar la violencia callejera.

La Policía y la Guardia Civil realizaron durante la operación 92 registros en domicilios y locales de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, donde se incautaron de abundante documentación de SEGI y soportes informáticos, que están siendo analizados.

También se encontraron pegatinas, propaganda y publicaciones de ETA, bombonas de camping-gas, gasolina, ácido, guantes, recipientes y manuales para la elaboración de artefactos explosivos e incendiarios, además de 6.000 euros en sobres y anotaciones manuscritas con placas de matrícula.