La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, plantará mañana a su homólogo socialista, José Antonio Alonso, molesta por haberse enterado a través de un teletipo de agencia de las propuestas que le iba a presentar en la reunión que tenían concertada.

El PSOE iba a ofrecer mañana al PP eliminar la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha a cambio de recoger una reserva de agua de uso prioritario de los castellanomanchegos, con el fin de desbloquear la tramitación parlamentaria del texto.

Según había avanzado Efe de fuentes socialistas, ese sería el eje del ofrecimiento que mañana iba a efectuar José Antonio Alonso a Sáenz de Santamaría. Ambos estaban citados al mediodía para intentar desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, encallada desde hace meses en la Cámara baja por la falta de acuerdo en materia de agua entre PSOE y PP.

En una carta a la que ha tenido acceso ABC.es, la representante popular se dirige así a Alonso: «Apreciado portavoz, he conocido a través del teletipo de la agencia Efe la propuesta que, entiendo, me iba a presentar mañana en el transcurso de nuestra reunión y que era el objeto de la misma. Los próximos días te haré saber personalmente, y no a través de los medios de comunicación, la posición de mi grupo parlamentario al respecto».

El fin del trasvase

La cuestión del agua enturbia las negociaciones desde que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran por unanimidad (en enero de 2007) una propuesta de reforma, que establecía la fecha de 2015 para el final del trasvase Tajo-Segura. Ahora, los socialistas están dispuestos a aparcar la cuestión de la caducidad del trasvase, que también disgusta al PSOE de la Comunidad Valenciana y Murcia. Pero a cambio de que el nuevo Estatuto de Autonomía haga una referencia expresa a una reserva de agua de utilización prioritaria por parte de los ciudadanos de Castilla-La Mancha de los volúmenes de sus cuencas, para garantizar abastecimientos actuales y futuros.

Se trata de una fórmula recogida ya en otros estatutos de autonomía, como el de Aragón, aprobado por el PP, han recordado las fuentes. Lo que el PSOE no está dispuesto a consentir "de ninguna manera", han advertido, es que el Estatuto de Castilla-La Mancha no diga nada de agua.

«Si finalmente el PP no quiere venir, nosotros no podemos esperar más», han recalcado desde el PSOE, que no va a reconocer al Partido Popular ningún «derecho de veto» en esta materia. Por eso, y habida cuenta de que los socialistas no quieren que el Estatuto «muera por inanición», Alonso emplazará mañana a Sáenz de Santamaría a decir claramente si esta fórmula satisface al PP o no y si el principal partido de la oposición está dispuesto a que prosiga la tramitación parlamentaria del texto.

La llegada al Congreso de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía extremeño y la posibilidad de que éste quede taponado por el castellanomanchego ha motivado la reactivación de unas conversaciones que llevaban meses fuera de la agenda de las direcciones de los grupos parlamentarios.

Ante la cita de mañana, solicitada por carta por José Antonio Alonso y aceptada por su homóloga popular, ambas fuerzas han manifestado su voluntad de acuerdo y han puesto la pelota en el tejado del adversario, pues los dos sostienen que su postura es «clara» y la del otro no.

La presidenta regional del PP y secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que el PP aceptará cualquier fórmula que sirva para encontrar una solución «razonable para todos», que garantice el agua para Castilla-La Mancha y que promueva un Plan Hidrológico Nacional.

En tramitación en el Congreso desde octubre de 2008

El texto comenzó su tramitación en el Congreso en octubre de 2008 en un tenso debate en el que dos diputados del PP por Murcia rompieron la disciplina de voto del partido y en el que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, amenazó con retirar el proyecto si resultaba devaluado.

Más tarde, el bloqueo de las conversaciones llegó tras la presentación de las enmiendas al texto, en las que la fecha de caducidad del trasvase desapareció del articulado y quedó en una declaración de voluntad.

En sus enmiendas, el PSOE propone que el Estatuto incluya una reserva de 600 hectómetros cúbicos «no trasvasables» en el Tajo y plantea que sólo en el preámbulo aparezca 2015 como la fecha en la que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, llegaría «la extinción del trasvase».

Mientras, en las suyas, el PP incluye una alusión a la fecha de 2015, pero sin mencionar el final del trasvase Tajo-Segura, y plantea que el Estado debe garantizar las necesidades de agua de Castilla-La Mancha, que cifra en 600 hectómetros cúbicos.