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El Parlamento aprueba la nueva Ley de Extranjería

El Pleno del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde por 180 votos a favor a la reforma de la Ley de Extranjería, con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria y la oposición del resto de la Cámara (163 votos en contra y 3 abstenciones), incluido el PNV, que finalmente no apoyó el texto porque no incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas. La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión , limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género , refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.

Para el ministro de Trabajo e Inmigración, que compareció en el Hemiciclo para agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios, "el tiempo determinará que esta ha sido una buena corrección y es una buena ley" porque ha modificado "elementos que discriminaban" a los extranjeros y ha incorporado la perspectiva de la integración.

"España tiene dos retos: apostar por una inmigración regular y legal (. . . ) y apostar decididamente por un proyecto de integración", explicó Corbacho durante su intervención, para incidir en que esta ley "amplíar y reconoce a las autoridades que deben hacerlo posible" porque consolida las capacidades reconocidas a las autonomías en materia de inmigración.

Sin embargo, para el portavoz del PP en la materia, Antonio Hernando, el reconocimiento de competencias como gestionar los permisos iniciales de trabajo o negociar acuerdos bilaterales de colaboración con los países de origen de la inmigración "no tiene encaje constitucional", aumentará "la inseguridad jurídica" y supondrá "el colapso de los tribunales superiores de justicia" .

Una reforma sin pacto de estado

Asimismo, Hernando criticó que la reforma haya salido adelante sin acuerdo con el principal partido de la oposición. "Nos han excluído; han preferido un acuerdo minimalista, un mal acuerdo, que un gran pacto" , sentenció el diputado, quien definió la nueva ley como "arbitraria, excluyente y acompañada de un presupuesto mezquino que va incidir en la falta de integración".

Desde IU-ICV-ERC el voto negativo se justificó por desacuerdo con la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de extranjeros, la restricción "innecesaria" de la reagrupación familiar y la falta de incorporación en la ley de referencias al derecho a voto de todos los inmigrantes o a la nacionalización en menos de cinco años para los no latinoamericanos, conforme explicaron los portavoces Joan Herrera (ICV) y Joan Tardá (ERC) en sus intervenciones.

Por su parte, EAJ-PNV , que pasó de presentar una enmienda a la totalidad del proyecto a respaldar el texto que fue remitido al Senado, votó finalmente en contra porque no prosperó su propuesta de repartir ponderadamente los menores inmigrantes entre las comunidades autónomas . El portavoz, Emilio Olabarría, anunció que mantendrá "una actitud combativa" contra la ley porque a su juicio es una reforma "de derechas, manifiestamente mejorable, insuficiente y que puede contradecir derechos recogidos en la Constitución".

Los apoyos del PSOE

Respecto a los grupos favorables al texto, desde CiU, Carles Campuzano dijo no haber "encontrado ni visto una alternativa global a la actual política de inmigración" entre quienes se opusieron a la ley porque, en su opinión, se centraron en "aspectos puntuales que no son las cuestiones fundamentales". Para la formación, la reforma es positiva porque, entre otros asuntos, "garantiza pleno respeto al Estatut de Cataluña" y amplía la capacidad de actuacion de los gobiernos autonómicos sobre los flujos migratorios.

Coalición Canaria, que votó a favor de la ley y que respaldaba la enmienda del PNV finalmente rechazada, fundamentó su apoyo en el reconocimiento de dos de sus reivindicaciones clásicas: la ampliación del plazo de internamiento y las competencias y nuevas fórmulas en la gestión de los menores inmigrantes, conforme explicó en su intervención la portavoz en la materia, Ana Oramas. Esta modificación, la cuarta de extranjería en ocho años, comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma y ordenó su tramitación por vía de urgencia. La nueva ley de Extranjería entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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