En el camino entre estos tres años, desde el mitin socialista al 1 de noviembre de 2006 -cuando los socialistas ganaron las elecciones catalanas- a hoy, la historia se repite. Cataluña marcó el rumbo de la política nacional en 2006, y sin duda lo hará de nuevo este año, sea cual sea la decisión que adopten los diez magistrados del Tribunal Constitucional que tienen en su haber el recurso interpuesto hace un trienio por el Partido Popular en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña contra el Preámbulo, 114 de los 223 artículos de la ley y 12 disposiciones adicionales y finales. En total, 451 folios, avalados por la firma de más de cien diputados populares, y que arremeten contra la «Constitución paralela» que postula el articulado catalán.

¿Qué recurre el PP?

Los populares impugnan buena parte del contenido del «Estatut», pero se centran básicamente en dos cuestiones: en el Preámbulo del texto se dice que Cataluña es una nación y el PP recurre la inconstitucionalidad del término puesto que «no hay más nación que la española», a su juicio; y además, se recoge el «deber de conocer el catalán», así como la regulación del poder judicial en Cataluña, lo que para el PP confirma una «Justicia propia en Cataluña y deja en desigualdad a los españoles» que no abarca el Estatuto autonómico.

Otros «ejes vertebradores» del recurso son la delimitación competencial, que «recorta la capacidad del Estado» en Cataluña; la bilateralidad, por cuanto quiebra la convivencia en igualdad de los españoles y de las comunidades; y la financiación autonómica, con compensaciones presupuestarias a Cataluña que no reciben otras comunidades y con proclamas como una Hacienda propia.

¿Por qué recurrió el PP?

En el recurso llevado hasta el TC por Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, y la dirigente Soraya Sáenz de Santamaría, figuran argumentos como que «el "Estatut" es una ley integrada en el bloque constitucional, cuya puesta en marcha exigirá modificar más de treinta leyes del Estado. Y la sentencia del TC debe ser ejemplar -alegan- para consolidar el modelo constitucional del Estado de las autonomías y no permitir excesos en las restantes revisiones de estatutos en marcha». Que el articulado catalán no altere «el modelo territorial», ni «dé paso a una España con 17 realidades nacionales regidas por diferentes textos», ni «provoque un daño irreparable» son otras de las peticiones que hacen los populares en su recurso de inconstitucionalidad.

¿Qué ha sucedido en este intervalo de tres años?

Lo que ha pasado es que, con el recurso del PP mediando, el «Estatut» lleva un par de años funcionando. Un argumento que han puesto sobre el tapete una y otra vez los partidos defensores, puesto que alegan que en este tiempo «nada extraordinario ha sucedido». Sin embargo, el desagravio con otras comunidades autónomas respecto al marco de competencias ganadas por Cataluña salta a la vista, toda vez que en este tiempo de vigencia el «Govern» de la Generalitat de Cataluña ha aprobado distintas leyes con el beneplácito del Ejecutivo estatal, la última de ellas, la designación de senadores autonómicos.

¿Qué pasaría en 2009?

Tres años después, el panorama político en la región discurre paralelo a la decisión del Tribunal Constitucional. Los partidos han venido endureciendo en las últimas semanas las posturas que piensan adoptar: los catalanes ya han avisado en ese contexto de que un recorte del Estatuto por parte del TC abriría «un conflicto institucional sin precedentes», con una radicalización de los partidos catalanes y amenazan, incluso, con la ruptura del pacto constitucional de 1978 en caso de una sentencia adversa (como hoy reproducen también los medios catalanes en su editorial conjunto). Ponen en solfa, asimismo, el pacto político entre Cataluña y el Estado; y, en suma, las políticas de alianzas parlamentarias se verían trastocadas en Cataluña y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados.
Zapatero, con este fallo del TC en la mano, se vería obligado a mover nuevos hilos para cerrar los Presupuestos Generales del Estado (2010) con sus aliados de izquierda y nacionalistas catalanes; por no hablar del desgaste en su imagen pública si permitiese la aplicación de un Estatuto al margen del Constitucional, con un José Montilla que está radicalizando su postura en los últimos tiempos instando con una fiereza descarnada a que sea así.

Hablando de desgastes, en pleno proceso de renovación del Alto Tribunal, con María Emilia Casas a la cabeza, los magistrados progresistas y conservadores que podrían estar a punto de dar a conocer su relevante decisión están en el punto de mira de todos los partidos. Y no exentos de una presión infernal proveniente de todos los flancos: el político, por las declaraciones c sin revisiones; y el jurídico, por el deterioro en su imagen sin precedentes que va a sufrir el Alto Tribunal debidoaccionadoras de aquellos que quieren «sí o sí» que la norma autonómica siga aplicándoseo a la demora en hacer pública sus deliberaciones.

El Constitucional es el que debe decidir si el «Estatut» se aviene con la Carta Magna de 1978, o si recorta algún artículo del que deba prescindir o se deba rectificar. Para colmo, en el horizonte se vislumbran, de nuevo, otras elecciones autonómicas en Cataluña programadas para otoño de 2010. Y está claro que tanto el calendario como las estrategias de los partidos en la región y en el escenario español estarán «tocadas» por la decisión del TC que está por llegar.

Las agendas de los partidos miran, día tras día, a la sede del TC en Madrid, en la calle Doménico Scarlatti, 6 de Madrid, mientras se alarga la espera.