La memoria histórica se retrotrae a 1609 El PSOE pide que se compense a los descendientes de los moriscos Plantea crear «vínculos económicos» con estas «víctimas de la intolerancia religiosa»

En el IV centenario de la efeméride, el diputado socialista granadino José Antonio Pérez Tapias defiende que esas actuaciones vayan acompañadas «del reconocimiento institucional de la injusticia que en su día se cometió con los moriscos expulsados de España». A su juicio, es necesario fomentar los vínculos y el reconocimiento hacia una comunidad que sufrió una «injusticia histórica por la intolerancia religiosa, la política de asimilación plasmada en el dilema de o conversión o exilio, el resentimiento de la población cristiana y la pretensión de configurar un reino integrado en la cristiandad sin minorías que llevaran a poner en duda su supuesta cohesión».

Pérez Tapias considera que la propuesta del PSOE responde a «un acto de memoria y a un ejercicio de responsabilidad con los descendientes y herederos culturales de la tragedia».

A juicio del diputado, desde el PSOE se pretende así recuperar la memoria histórica de un pueblo sometido a una «convivencia negada», así como sacar conclusiones para el futuro y fomentar la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de «la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o simplemente la fuerza de peligrosos prejuicios enquistados en el imaginario social».

Pérez Tapias señala, además, que otra gran conmemoración como el Milenio del Reino de Granada no puede prescindir de este importante capítulo, «uno de los más terribles exilios en toda la historia España», ya que se saldó con el destierro de unas 300.000 personas.

El ejercicio colectivo de la memoria ha de tener continuidad para que se establezcan «nuevos lazos entre la España de hoy y los descendientes de aquellos que nunca debieron verse obligados a abandonar su tierra», subraya Pérez Tapias.

El 9 de abril de 1609 el rey Felipe III, a instancias del Duque de Lerma, firmó el decreto de expulsión, y esa fecha señala el final de la presencia en España de la minoría andalusí de religión musulmana que había permanecido en sus diferentes reinos bajo la soberanía de sus respectivos monarcas cristianos. No obstante, el comienzo del fin de esa presencia se fechó antes, en 1499, cuando tras la conquista de Granada se consagró el incumplimiento de las capitulaciones firmadas por los Reyes Católicos en 1492 desde que, según aclara el diputado socialista, el cardenal Cisneros promueve la conversión forzosa de los moriscos granadinos.

Aunque es la primera vez que se debatirá este asunto en el Congreso, la reivindicación es antigua en los sectores musulmanes españoles. El presidente de la Junta Islámica de España, el cordobés Mansur Escudero, inició en 2006 acciones para que el Estado conceda la nacionalidad española a los descendientes de los moriscos expulsados en el siglo XVI. Esta iniciativa surgió en el curso de la Universidad de Verano Corduba 2006 «De Córdoba a Tombuctú: Viaje al pasado y presente de la identidad andalusí».

Escudero explicó que en dicho curso se llegó a la conclusión de que hay que «reparar el olvido histórico al que han sido sometidos los moriscos, a los que hay que equiparar con los judíos sefardíes, a quienes ya se les concedió la nacionalidad española».

Para ello, «una de las fórmulas posibles sería modificar el artículo 22.1 del Código Civil, en el que ya se reconoce el derecho preferente a la nacionalidad española a los sefardíes», añadiendo el mismo derecho para los descendientes de los moriscos.

Con esta propuesta «no sólo se trata de conseguir una reparación jurídica, sino también sentimental, como símbolo de justicia histórica y expresión práctica de la Alianza de Civilizaciones que propuso en Naciones Unidas el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero», sostenía Mansur Escudero.