Tras dos años de intenso debate en el seno de las instituciones europeas, la Eurocámara dio ayer su visto bueno definitivo al nuevo marco regulador del mercado de las telecomunicaciones e internet que fija las bases normativas de la Sociedad de la Información de la Europa del siglo XXI. Era el examen final del denominado «Paquete Telecom» y, como estaba cantado, los eurodiputados lo aprobaron por amplia mayoría -510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones-.

El paquete legislativo incluye la controvertida enmienda 138 sobre el acceso a internet pactada el 5 de noviembre «in extremis» entre el Parlamento y el Consejo. El nuevo redactado abre la puerta a posibles restricciones a la conexión sin necesidad de una autorización judicial previa, frente a la exigencia explícita al juez de la enmienda primera.

El mayor logro de la reforma, coinciden los eurodiputados consultados, es que por primera vez un texto legislativo establece el acceso a internet como un derecho fundamental de los ciudadanos. Para su protección, la normativa incluye una amplia serie de garantías de acceso a la red contempladas en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

Esfuerzos del Parlamento

Este consenso de última hora suscitó duras críticas entre diversas asociaciones defensoras de la neutralidad de la red, que denuncian que la normativa choca frontalmente con el derecho a la intimidad del usuario y el secreto de las comunicaciones. Desde entonces, los grupos parlamentarios y las propias instituciones -que empotraron a un grupo de periodistas en el avión de los diputados españoles- se volcaron en hacer comprender a la opinión pública de que el nuevo texto no supone un «paso atrás», sino todo lo contrario.

Los grupos parlamentarios justifican el «lavado de cara» de la enmienda amparándose en el informe emitido por los servicios jurídicos del Parlamento, que advertía contra una extralimitación de la Cámara, que no tiene competencia para armonizar los sistemas judiciales de los Estados miembros.«Los parlamentarios fueron advertidos pero hay que tener en cuenta que en el momento de la votación de la enmienda en mayo, el Parlamento se encontraba ante unas elecciones», señalaron fuentes comunitarias.

Incluso Christian Engström, el eurodiputado del Partido Parata, estandarte de la libertad en internet, hizo una encendida defensa de la reforma el día anterior. «No es un texto perfecto pero lo hemos apoyado porque supone dar un primer paso en la dirección correcta», dijo el parlamentario, quien anunció que promoverá junto con Los Verdes la redacción de una Declaración de Derechos de Internet, propuesta que también asumirá España durante la Presidencia europea. «Tengo la sensación de que la Comisión empieza a comprender la importancia de debatir sobre estos temas, y creo que podremos conseguir mejoras», añadió.

Desde el grupo parlamentario popular, Alejo Vidal-Cuadras, vicepresidente del Parlamento y presidente de la Comisión Conciliadora reseñó que la normativa supone «un avance en la protección de derechos y libertades del usuario frente a posibles arbitrariedades del poder público».

La europarlamentaria socialista responsable de la negociación, Teresa Riera, coincidió con los populares en que «se ha ganado mucho» respecto a la enmienda original porque «recoge derechos que no existían», como la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado y un procedimiento justo e imparcial previo, «sea cual sea la autoridad que decida, administrativa o judicial».

Tras su aprobación ayer, los 27 Estados miembro disponen hasta mediados de 2011 para transponer la nueva normativa a sus legislaciones

La reforma no supondrá ningún cambio sustancial para la legislación española, que entiende que ha de ser un juez quien autorice la restricción de acceso a internet. Además, el Gobierno ha reiterado su intención de no penalizar al usuario final, y centrará su lucha en acabar con las páginas web de enlaces que obtienen beneficios con las obras protegidas por derechos de autor.