La cesión del centro de interpretación de Medina Azahara a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales ha aterrizado en los juzgados. El 30 de octubre pasado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra esta decisión de la consejera de Cultura, Rosa Torres.

El sindicato basa su denuncia «en la usurpación de funciones del personal laboral y funcionarios» que trabajan en el conjunto arqueológico, cuyas tareas se ven suplantadas en gran parte por la veintena de contratados por la empresa pública. Entre el personal seleccionado se hallan un miembro de la lista electoral del PSOE a la Alcaldía de la capital en 2007 y dos familiares de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

CSI-CSIF pone en entredicho la selección realizada por parte de esta sociedad pública, que ha recibido 2,5 millones de euros para promover actividades en el complejo y pagar los sueldos de la plantilla. El presidente de la Administración general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Limonchi, asegura que se ha infringido el régimen de contratación que marca el acceso libre a la función pública.

Los puestos ofertados no se han sacado a oposición o concurso. «Desconocemos los requisitos, el perfil de cada puesto o la cadena de mando, y tampoco se le da posibilidades a cualquier ciudadano de acceder a este tipo de trabajos», lamenta el dirigente sindical. «Estamos hablando de dinero público y lo lógico sería que hubiera una transparencia», añade.

En su lugar, se ha optado por realizar ofertas genéricas a través del Servicio Andaluz de Empleo, con escasa o nula difusión. En ocasiones, se ha recurrido a una bolsa de trabajo interna o a empresas de trabajo privadas -de esta forma se cubrió el puesto de la gerente-.

Proceso sin justificación

En su recurso, el sindicato -que ostenta la presidencia de junta de personal en la Administración autonómica- expone dos razones más para acudir al juzgado. Por un lado, alega que el traspaso no ha sido negociado con el comité de empresa de la Consejería y, por otro, que no se ha justificado por qué se recurre a una empresa para asumir funciones que podrían realizar, sin ninguna traba, la propia plantilla autonómica. El convenio colectivo permite la contratación de personal por acumulación de tareas.

El delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Joaquín Dobladez, declinó ayer valorar las denuncias de los sindicatos CSI-CSIF y CNT sobre la encomienda de la gestión y las anomalías en las contrataciones. Se remitió a la versión que ofrecieron fuentes de su departamento sobre el proceso. «Se han seguido todos los procedimientos que conlleva las contrataciones para la gestión de la nueva sede; se ha hecho conforme al convenio de la propia empresa, con la información y la presencia siempre del comité de empresa», aseguró, según informa J.J. Sánchez. Tampoco respondió a la petición de explicaciones del PP a la consejera en el Parlamento andaluz.