En el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados se incluyen también los datos de 32 diputados que se vieron obligados a aclarar alguna de sus actividades privadas, o bien renuncian a alguna de ellas. Es el caso del diputado del PP Manuel Pizarro, quien comunica su cese como miembro de los consejos asesores de Editorial Aranzadi y del Master en Derecho Empresarial del Centro de Estudios Garrigues.

La diputada Soledad Cabezón, del PSOE, renuncia a su condición de miembro de los Consejos de Administración de Aljarafesa, empresa pública perteneciente a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y de Sevilla Activa. Aclara, a requerimiento de la Comisión, que ya no presta servicios como médico, ni en la sanidad pública ni en la privada.

La lista de renuncias de Pilar Barreiro, del PP, es especialmente llamativa. Abandona el Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Murcia, el de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el de las Sociedades Municipales Televisión Digital Local de Cartagena y Casco Antiguo, y comunica su sustitución en el Consorcio Depósito Franco, en la Junta Pericial de Catastros Inmobiliarios Rústicos, en la Manga-Consorcio, en el Consorcio Puerto de Cultural, en el Patronato Municipal de Deportes, en el Instituto Municipal de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, en el Instituto Municipal de Servicios Sociales y en la sociedad municipal Podecasa.

Manuel Ceferino Díaz, del PSOE, renuncia a ser miembro del Consejo de Administración de «Xornal de Galicia, S.A.», y tampoco es ya consejero asesor territorial del Grupo Eptisa, en Galicia. Antón Ferré (PSOE), deja de ser vocal del Consejo de Administración de la empresa Secomsa.

Mercedes Gámez, PSOE abandona su actividad de abogada para el Ayuntamiento de Campillo de Arenas, y cesa como sociotrabajadora de «Xau Abogados». Ana María Fuentes también renuncia a los Consejos de Administración de dos sociedades mercantiles municipales.