El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha vuelto a cargar contra el Tribunal Constitucional a cuenta del esperado fallo sobre el Estatut. En principio, nada nuevo, salvo que en esta ocasión Montilla dice que no sólo está en peligro el texto catalán, sino la misma Constitución, el Estado de las Autonomías y casi la convivencia. La intervención del dirigente socialista catalán no ha sido precisamente un canto al sentido institucional, ni una petición razonada para que los componentes del TC tomen ya una decisión, sino, más bien, una advertencia, casi una amenaza, una presión excesiva y una descalificación general del alto tribunal que se suma a los ataques, críticas, desdenes y desprecios que la mayoría de los componentes de la clase política catalana lanzan contra el TC y contra todo lo que se pueda asimilar con el poder central. Una arremetida más, la respuesta obvia a un hipotético recorte del Estatut, que al margen de consideraciones ideológicas e identitarias, es un texto legal francamente mejorable en muchos aspectos y que rezuma improvisación, contradicciones internas y megalomanía, precisamente los principales impulsos con los que se creó y se expuso a votación. Y de todo eso no tiene la culpa ni el Constitucional, ni la oposición, ni Madrid, sino el Tripartito y CiU, que alumbraron un Estatut que venía a resolver sus urgencias políticas, su carencia de discurso, no los problemas de los catalanes.