Los primeros indicios sobre la nueva política norteamericana en África se observaban ya desde George W. Bush, con la creación del Mando para África (Africom) con sede en Stuttgart. Ya con Obama, al aprobar el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 1871, que insiste en el derecho a la autodeterminación de los saharauis, la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, no aludió al plan marroquí de autonomía; y se procedió a designar como enviado personal del secretario general de la ONU al norteamericano Christopher Ross.

Pero el indicio más importante sobre este cambio de tendencia por parte de Washington es la carta que Obama dirigió a Mohamed VI. En ella, sin citar el plan de autonomía marroquí, expresa su apoyo a la labor de la ONU, y manifiesta su compromiso para ayudar a encontrar una solución duradera y justa que satisfaga a todas las partes implicadas, para terminar con el sufrimiento de las poblaciones por un conflicto que dura ya tres décadas.

Barack Obama podría fundamentar su propuesta en el autogobierno de los saharauis, en el respeto a los derechos humanos, en una justicia independiente, y en la búsqueda como punto de partida en el Sahara Occidental de una entidad con identidad propia. La propuesta de solución girará en torno al Plan Baker II o «Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental».

Según dicho plan, el referendo para determinar el futuro del Sahara se celebraría entre los cuatro y cinco años después de su entrada en vigor, organizado por la ONU. Podrían votar los mayores de 18 años que figuren en el censo de la ONU de 1999, o que aparezcan en la lista de repatriación del Acnur de octubre de 2000, o que hayan residido de forma continuada en el Sahara desde el 30 de diciembre de 1999.

Se elegirían una Autoridad para el Sahara Occidental y una Asamblea Legislativa en el plazo de un año. Para esas elecciones, el censo constaría de las personas de las listas de la ONU, de 1999, y del Acnur, de 2000.

Se constituiría un Tribunal Supremo del Sahara Occidental, nombrado por la persona elegida como presidente de la Autoridad, de acuerdo con la Asamblea Legislativa. Las Fuerzas Armadas marroquíes y las tropas saharauis serían acantonadas en el plazo de 90 días, aunque Marruecos podría conservar el despliegue necesario para la defensa exterior, y se crearían unas fuerzas de orden público bajo el mando de la Autoridad del Sahara Occidental.

Al conocer este plan, en mayo de 2003, las partes implicadas pusieron de manifiesto sus observaciones.

Marruecos consideraba inaplicable el referendo, e indicaba que tendría que enmendar su Constitución para tener en cuenta las modificaciones que experimentarían sus «provincias del sur», ya que la organización legislativa y jurídica que se creaba podría ser incompatible con algunas de las instituciones del Reino de Marruecos.

Por el Polisario, las principales objeciones estaban en la repatriación de los saharauis. Marruecos es la potencia ocupante, no la administradora, y no podía ser responsable de la política exterior de un territorio cuando nadie reconoce su soberanía. Para aplicar el plan deberían retirarse las Fuerzas Armadas y de seguridad de Marruecos del territorio, con el fin de celebrar un referendo en condiciones de libertad. Creían que el plan de arreglo y los Acuerdos de Houston eran la mejor base de partida para cualquier solución.

Argelia consideraba «indefinido» y «de ejecución complicada» el primer año, y proponía que el enviado personal del secretario general asumiera todas las competencias en el ínterin. Tampoco veía la necesidad de un despliegue defensivo hacia el exterior de las fuerzas marroquíes.

La cuestión de los votantes podría dar lugar a conflictos al considerar dos censos: el primero, para elegir la Autoridad y la Asamblea Legislativa -las listas de la ONU y del Acnur-; y el segundo, para el referendo -al cabo de los cuatro o cinco años, los votantes anteriores más los que lleven residiendo de manera permanente desde 1999-. Esto implica cambiar el derecho de autodeterminación de un pueblo por el de autodeterminación de los residentes.

Entre las razones del nuevo interés de Washington en llegar a una solución, cabría destacar el resaltar su cambio en política exterior en relación con la administración anterior, la posibilidad de la explotación de petróleo en la zona, contrarrestar la penetración pacífica de China y de Rusia en África, apuntarse un éxito con la solución de un largo conflicto, poder situar el Africom en territorio africano, luchar contra el terrorismo islámico en África, y por último, favorecer la implantación de regímenes democráticos en las naciones surgidas a lo largo del proceso de descolonización. Y la del Sahara Occidental es el último eslabón en la cadena de la descolonización en África.

Teniente general

del Ejército de Tierra