LA designación del belga Herman Van Rompuy y la británica Catherine Ashton para ocuparse de los dos puestos más importantes de la UE que ha creado el Tratado de Lisboa ha sido recibida con una unánime decepción. El gigante del proceso de reforma constitucional -una década larga de trabajosas negociaciones y referendos frustrados- ha alumbrado un minúsculo ratón. Si el objetivo manifiesto era que la Unión Europea tenga una mayor visibilidad internacional, parece que la decisión que finalmente han tomado los Veintisiete procura todo lo contrario: un perfil lo más discreto posible tanto para el presidente permanente del Consejo Europeo como la nueva responsable de la política exterior común. Los ciudadanos tienen razones para sentirse desilusionados ante el comportamiento de los responsables políticos que parecen haberse ocupado sobre todo de evitar que alguien les haga sombra.

Los dos tienen una tarea importante, que es definir en la práctica el contorno de estos dos puestos y del entramado institucional que los rodea. Habría sido más razonable que distintos candidatos hubieran explicado antes cuáles son sus ideas y sus inquietudes para que los miembros del Consejo hubieran podido tener más luz a la hora de evaluarlos. Sin embargo, se ha optado como siempre por las cuotas y los equilibrios ideológicos artificiales. En el caso de Catherine Ashton es difícil ignorar que sus principales virtudes han sido ser mujer, socialista y británica, mucho antes que los supuestos méritos que pueda tener para cumplir la importante misión que le ha sido confiada.

Cada paso que da, la Unión Europea se topa con el hecho de que su déficit democrático hace crecer peligrosamente la distancia entre los ciudadanos y las instituciones. Los responsables de los Estados miembros siguen negándose a afrontar esta situación porque saben que si aumentase la legitimidad democrática de las instituciones europeas, perderían parte de su poder y tendrían que someterse a ellas. Un presidente del Consejo electo sería más democrático, pero está por ver que los gobiernos europeos estén preparados para convivir con semejante autoridad.