El «frente jurídico» de Batasuna, encabezado por el abogado Álvaro Reizábal, perfila su estrategia para pedir la nulidad de operaciones antiterroristas en las que se ha utilizado Sitel» y, en cualquier caso, para denunciar en foros internacionales al Estado español por servirse de este sistema de interceptación de comunicaciones supuestamente ilegal.

Una de las investigaciones cuya nulidad podrían solicitar, si confirma la utilización en la misma de Sitel, es la que concluyó con la detención de Otegi y compañía. Medios de la lucha antiterrorista han mostrado su preocupación, ya que, partiendo de la base de que es difícil que prosperen las solicitudes de los proetarras, la polémica está sirviendo para destapar posibilidades de este sistema, como la localización de usuarios de teléfonos móviles, que en no pocas operaciones han sido claves para capturar a pistoleros. Además, los abogados batasunos podrían seguir el esquema de las denuncias falsas de tortura para llevar Sitel hasta la ONU o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El debate en torno a la utilización del sistema de escuchas Sitel también se ha trasladado a la Comunidad valenciana, a cuenta de su posible uso en la investigación de la trama del «caso Gürtel».

La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, explicó ayer que en el hipotético caso de que se comprobara que las conversaciones telefónicas de Francisco Camps fueron registradas a través de este sistema, se plantearían pedir la nulidad de las investigaciones.

Sánchez de León reiteró que «no están garantizados los derechos fundamentales, no con el sistema, sino con la forma en que se está aplicando». De esta forma, concluyó que sólo «si se llegara a demostrar» que se han vulnerado los derechos de Francisco Camps, su Ejecutivo estudiaría «aquellas acciones que fueran necesarias para restituir los derechos vulnerados».

Mientras, el grupo parlamentario del PP planteará una proposición de ley para regular este sistema, si el próximo martes no logra los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante una proposición no de ley sobre esta materia. Su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, no precisó si ya tiene el respaldo suficiente.