SON tantos los daños colaterales del secuestro del «Alakrana» que el Gobierno anda desquiciado en el Congreso y salta con toda suerte de improperios ante cualquier cuestionamiento de su acción política. Las víctimas son cuantiosas y significativas, la quiebra del Estado de Derecho, la recuperación del todo vale que tantos desastres produjo en la lucha antiterrorista, la utilización partidista de las Fuerzas Armadas, la pérdida de prestigio y credibilidad de España como país y la recuperación del silencio de Estado. Me interesa detenerme en estos dos últimos porque, entre otras cosas, tienen también un importante coste económico.

Que la imagen España es un importante activo económico es una obviedad que reconoce el propio ejecutivo que ha lanzado un Plan de marca España como una de sus estrategias críticas para conquistar mercados exteriores. Los países compiten hoy por atraer inversiones y talento en un mundo globalizado donde afortunadamente, y siempre que la crisis no produzca efectos perversos, bienes, servicios y factores de producción son móviles. Dice el Círculo de Empresarios en su anuario 2009 de Internacionalización de la Empresa Española presentado ayer que «la competitividad puede entenderse como la suma de dos factores, eficacia operativa y buena imagen». No hay que ser un lince para certificar que ambos factores quedaron tocados, si no hundidos, en el Índico. España se ha demostrado una potencia económica acomplejada, incapaz de utilizar más recursos ante un chantaje que el pago vergonzante, lastrada en su acción exterior por prejuicios pacifistas que le impiden cualquier acción militar. Como un país sin orgullo ni confianza que no duda en incumplir sus compromisos internacionales y hasta su propia legalidad si piensa que puede sacar rédito electoral.

Un país en el que el gobierno entiende cualquier crítica a su gestión como una grave irresponsabilidad antipatriótica. El PP sólo está para hablar de fútbol y si acaso toros. Calificar a la oposición de alinearse con los piratas, no sólo es una acusación impropia de un país democrático -los excesos verbales deben tener consecuencias entre otras cosas para que, como los secuestros, no vuelvan a producirse- sino que es caer en el mismo error que se cometió con la crisis económica y nos está saliendo muy caro. Que los mismos que exigían a gritos toda la verdad en el «Prestige», Irak o el 11-M pidan ahora silencio responsable en Afganistán o Somalia produce hilaridad o rabia según la calidad de las vísceras de cada uno. Es además perseverar en el vicio que convierte un error en un drama. Fue el silencio cómplice o inconsciente ante la crisis el que nos ha llevado a perder dos años. Será el silencio interesado ante los escándalos en la gestión del secuestro del «Alakrana» el que puede precipitar la democracia española a las cloacas. Los economistas hemos sido culpados de no advertir de la crisis. Sólo es verdad a medias. Una sociedad ebria de bienestar y anestesiada por el dinero fácil y rápido, quiso mirar para otro lado ante las innumerables señales de alarma. Se lo puso fácil un gobierno ahíto de satisfacción y cegado de complacencia. Noten que no hace falta ni siquiera prejuzgar mala voluntad. Mirarse todas las mañanas en el espejo para felicitarse por haberse conocido no es una buena guía política. Y eso es lo más suave que se me ocurre para describir la actitud en el Congreso del gobierno responsable del ridículo del «Alakrana». Menos mal que éstos eran los chicos de la humildad y el talante. Los economistas hemos aprendido que es necesario que haya voces contrarias, que la figura del bufón de Corte es hoy más necesaria que nunca, que el silencio de Estado no sólo es un peligro para la calidad de la democracia sino para la prosperidad de los ciudadanos. No es sólo que el poder absoluto corrompa absolutamente sino que además se equivoca absolutamente.