LA desaparición de «El Rafita» no admite excusa alguna, ni puede quedar olvidada en el archivo de los escándalos judiciales. Alguien debe responder urgentemente. Desde el mes de agosto, este asesino y violador de Sandra Palo está en paradero desconocido después de haberse fugado de un piso en el que se hallaba, teóricamente, en libertad vigilada. El miércoles no compareció ante el juez. La madre de Sandra Palo, que denunció en su día con coraje admirable la puesta en libertad de «El Rafita», ha solicitado protección porque se siente amenazada. Temor comprensible, porque «El Rafita», que tiene 21 años actualmente, es un criminal en toda regla que se ha aprovechado de un insostenible sistema de justicia penal para menores.

La sociedad española tiene el grave problema de que sus legisladores no aprenden de los errores, ni quieren asumir la responsabilidad de proponer iniciativas incómodas, pero necesarias. He aquí el ejemplo. El incremento de la edad penal a 18 años se ha revelado contraproducente para los crímenes contra la vida y las agresiones sexuales. Es necesaria una revisión urgente que rebaje la edad penal a 16 años para estos delitos y que modifique el sistema de sanciones a los jóvenes delincuentes.

Si se quiere propiciar su reinserción, objetivo irrenunciable cuando se trata de menores de edad, es absurdo ignorar la peligrosidad de cada joven delincuente. Hay que adaptar las sanciones y el tratamiento posterior a las circunstancia personales, ampliando los plazos máximos de internamiento cuando se hayan cometido delitos especialmente graves y con violencia. Porque, si se actúa con el «buenismo» penal que rige en la actualidad, ni las víctimas se sienten amparadas, ni la sociedad está protegida, ni el delincuente está persuadido para rehabilitarse. La impunidad es un acicate para el crimen, pero también lo es la creencia de que a un joven de 16 años no se le puede exigir, como a un adulto, el respeto a la vida y la libertad sexual de los demás. Un sistema penal no es más duro sólo por amenazar con largas penas que no se cumplen, sino por inspirar temor al delincuente, lo que sólo se consigue cuando éste tiene la certeza de que se enfrenta a una Policía eficaz, a una Justicia rápida y a unas condenas ineludibles.