En pleno debate sobre la legalidad de Sitel, el TriSupremo ha vuelto a avalar la constitucionalidad de este sistema de interceptación de comunicaciones en una sentencia del pasado 5 de noviembre conocida ayer. En ella, desestima un recurso de casación interpuesto contra la resolución que condenó a dos individuos -Carlos José García Jiménez y Óscar Falcón Guerra- por un delito de tráfico de cocaína en base a seguimientos y a intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Uno de los recurrentes cuestionaba la legalidad de las escuchas, pues vulneraron, a su juicio, el secreto de las comunicaciones.

El alto Tribunal se remite a anteriores sentencias de esta misma Sala Segunda, como la dictada el pasado 6 de julio en la que se fijaba el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como «medio excepcional» de investigación. En ella, los magistrados insisten en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, complementada con la doctrina de esta Sala y la del Tribunal Constitucional, «permite el eficaz control judicial necesario en una sociedad democrática (...)». Además, en aquella ocasión, recuerda el ponente, Luciano Varela, no sólo no se cuestionó, sino que se consideró que este sistema es «preferible a otros medios de intervención anteriores a su implantación».

Otra de las sentencias que analiza la Sala, y que «afecta más directamente a la aceptabilidad de este sistema», es la del 23 de marzo de 2009, en la que se sostenía que «lo que interesa (...) no es lo que pueda ocurrir con la conservación de las conversaciones telefónicas grabadas, esto es, si quedan bajo el control del MInisterio del Interior o de la autoridad judicial (...). Lo que de verdad importa para las responsabilidades penales ahora examinadas es si estas garantías se respetaron en el momento de su obtención y en el de su incorporación a las actuaciones».

Mientras, agentes operativos dicen sentirse «profundamente incómodos» en la «polémica política» suscitada en torno a Sitel, ya que consideran que «todo lo que sea airear un sistema clave en la lucha contra el delito a gran escala, desde luego para nada ayuda a futuras investigaciones y cuestiona muchas de las operaciones ya concluidas con indudable éxito». «Si alguieñn quiere que se mejore el sistema o tenga más garantías, que lo plantee en sede parlamentaria, y no lo saque como arma arrojadiza a la arena política», lamentan las fuentes consultadas.

De hecho, el cabecilla de la mafia rusa Gennadiy Petrov ha solicitado a Garzón, a través de su abogado, la «nulidad radical» de las investigaciones que le llevaron a la cárcel porque precisamente se utilizó Sitel paras intervenirle conversaciones telefónicas.

Al mismo tiempo, según fuentes de la lucha antiterrorista, abogados de la «izquierda abertzale» están recopilando información sobre la polémica con la previsible intención de utilizarla en futuras campañas dirigidas a cuestionar que España sea un Estado de Derecho. Incluso podrían solicitar la nulidad de operaciones como la que descabezó el pasado octubre Batasuna.

Por otra parte, sectores del PP admiten lo inconveniente de la polémica y consideran que debería zanjarse ya.