María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra Palo, la chica getafense violada y torturada hasta la muerte en mayo de 2003, anunció ayer que piensa pedir protección policial, tras conocer que Rafael García Fernández, de 21 años, «El Rafita», uno de sus asesinos, se mueve por la zona marginal de la Cañada Real Galiana, a pocos kilómetros de su domicilio, situado en la localidad de Getafe.

Bermúdez hizo público su temor después de que ABC publicara que «El Rafita» se encuentra en Madrid desde el pasado verano, un extremo que no salió a la luz hasta una vista judicial por el quebrantamiento de su libertad vigilada al huir de Málaga.

Puede hacer una atrocidad

Se siente indignada, además de impotente, por los constantes vuelcos que da el caso, con la polémica Ley del Menor de fondo, ya que se le aplicó a tres de los cuatro autores de la muerte de su hija. Y por el mutismo y la confusión existentes en los temas de menores, aunque ahora ninguno lo sea ya. Califica lo que está ocurriendo de surrealista. «Está a pocos kilómetros de mi casa y la Policía no hace nada, a sabiendas de que este individuo no está reinsertado y puede volver a cometer cualquier atrocidad. Voy a pedir protección porque ese niño está loco y, si no lo hace él, manda que lo haga cualquiera de sus hermanos», insistió. Y, todo ello, a pesar de la orden de alejamiento que se dictó cuando salió del centro de internamiento, en junio de 2007, recalcó la madre.

Se niega a entender que «nadie» pueda con el joven, «que se escape y no vuelva, que sepan dónde está y no puedan cogerle. Que no ocurra absolutamente nada». Por ello, subrayó que «la Justicia sigue sin funcionar».

Como se recordará, «El Rafita», supuestamente, está en régimen de libertad vigilada, en cumplimiento de su condena por el crimen. Cuatro años de internamiento en régimen cerrado y otros tres en libertad vigilada. Esta medida terminará en junio de 2010.

Ahora, falta por ver la decisión del juez al quebrantamiento de la libertad vigilada, tiempo durante el cual robó con fuerza en un piso del mismo edificio en el que vivía, tutelado por la Junta de Andalucía en Benalmádena (Málaga). Un hecho que, a juicio de Bermúdez, pone de manifiesto que el implicado en la muerte de su hija «ni estaba reinsertado ni capacitado para salir a la calle cuando finalizó su reclusión, ni ahora, ni lo estará nunca, a tenor de los sucesivos informes. Y, pese a todo, le dejan en libertad. ¿Alquien me lo puede explicar?».

Espera, impaciente y expectante, una respuesta de la Administración, para que le aclaren qué sucede. Qué falla. O si es normal, como parece ser lo ocurrido. A todo el sufrimiento de estos seis años y medio se une ahora el miedo, la rabia, una irritación que no conoce límites y el no saber ya a quién recurrir.