«Esperemos que este plan no sea una reedición del Plan del Oeste, y mucho nos tememos que lo va a ser», lamentó ayer el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en relación al plan de reindustrialización de Garoña presentado el miércoles por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
De Santiago-Juárez mostró sus reservas sobre que el Gobierno de Zapatero cumpla lo prometido, después de que el Plan del Oeste aprobado hace cinco años ha quedado «en agua de borrajas», tal y como también denunció ayer el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. El consejero pidió «sensatez, si es que queda algo de sensatez en el Gobierno de España, y rectifiquen», ya que, en su opinión, «el mejor plan» es mantener la central nuclear burgalesa, cuyo cierre se decretó «por un capricho» del presidente. Una afirmación en la que coincidió Herrera.
El también portavoz apuntó que el Ejecutivo regional tendrá que «estudiar» el documento, aunque en un primer vistazo «nos sorprenden algunas cosas», entre las que destacó el «ámbito territorial», ya que las medidas «se amplían» a otras comunidades como País Vasco o La Rioja, cuando el «problema» se ha creado en Castilla y León.
Por su parte, el presidente del PP de Burgos, César Rico, consideró que el Plan Garoña recoge las «promesas incumplidas» del PSOE en esta provincia, como el desdoblamiento de la N-1, y proyectos que deben ejecutarse al margen del futuro de la central como el tren de Alta Velocidad. Respecto a la carretera, De Santiago-Juárez lamentó que una «necesidad» demandada desde hace tiempo se haga «a cambio de poner en riesgo más de mil empleos».
Precisamente en relación a esta vía, el PP de Burgos apuntó que si el Gobierno tiene 650 millones para el desdoblamiento entre Burgos y Miranda de Ebro, podría utilizarlos para negociar de forma inmediata la liberalización del peaje de la autopista A-1, tal y como el PSOE comprometió en su programa electoral.
Aplicar ventajas fiscales
Un día después de la presentación del plan, en cuya elaboración denuncian que no se ha tenido en cuenta a los alcaldes del entorno de la central, Rico insistió en que es «imposible» que se pueda ejecutar antes de 2013, fecha marcada para el cierre de Garoña. «Habrá que ver de qué chistera sacan el dinero para ejecutarlo, porque en los Presupuestos Generales de 2010 sólo se contemplan 6,7 millones para el entorno de Garoña», explicó.
Además, señaló que el plan incluye proyectos, actuaciones e infraestructuras que afectan a todo el norte de España, «dejando un desierto de inversiones en el entorno más próximo a la central, que son las comarcas de las Merindades y el Valle de Tobalina».
Por último, los populares reivindican medidas concretas para la generación de empleo como ventajas fiscales que sirvan para compensar el blindaje del cupo vasco.