Durante los más de tres años que Raúl Castro lleva en la Presidencia cubana «ha sido tan brutal como su hermano Fidel». Es una de las principales conclusiones divulgadas ayer en Washington del primer balance de Human Rights Watch (HRW) tras el relevo en la dictadura comunista. La ONG considera en un informe de 123 páginas, titulado «Un nuevo Castro, la misma Cuba», que el hermano menor del octogenario y enfermo dictador «no sólo no desarticuló la maquinaria represiva, sino que la ha mantenido vigente y activa».
El gobierno de Raúl Castro, de 78 años, ha encarcelado a «decenas de personas por ejercer sus libertades fundamentales» y ha mantenido encarcelados en condiciones infrahumanas a «muchos otros presos políticos» arrestados bajo el mandato del líder de la revolución castrista.
La organización humanitaria subraya el abuso que se ha hecho en los últimos años de la disposición de «peligrosidad» del Código Penal, que permite encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, «cuando existan sospechas de que puedan cometerlo en el futuro». HRW tiene documentados más de cuarenta casos de personas presas por ejercer sus derechos básicos bajo la disposición de «peligrosidad».
Por otro lado, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, criticó la presunta intención de España de modificar la posición común de la Unión Europea sobre Cuba. Vivanco, en concreto, expresó su preocupación por las declaraciones del ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en el sentido de que, cuando España asuma la presidencia de la UE en el próximo semestre, «el principal objetivo será abandonar la posición común».
Después de criticar el embargo impuesto por Washington contra Cuba hace casi 50 años, por sus efectos en la población, la ONG recomienda a la administración de Barack Obama reunir el consenso de la UE, Canadá e Iberoamérica para presionar a La Habana para que «libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos en los próximos seis meses». En caso negativo, la organización recomienda la imposición de «sanciones específicas» o aplazar las inversiones en la isla.
