Extremadura se arroga relaciones con Portugal en su nuevo Estatuto de Autonomía
Si los catalanes llegan a incluir en su Estatuto de Autonomía un artículo donde se atribuyeran relaciones especiales con Francia algunos en el Congreso se habrían hecho el «harakiri». Pues no ha sido el Parlamento catalán, sino la Asamblea de Extremadura la que ha enviado a las Cortes una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía que incluye un artículo donde se arroga una relación estrecha y especial con el país vecino del oeste, Portugal.
También se atribuye la competencia de ejecución en el sistema penitenciario y constituye un «órgano bilateral de relación» con el Estado, encargado de aprobar y desarrollar su sistema de financiación autonómica.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración de esta reforma casi por unanimidad: votaron a favor 317 diputados y en contra sólo dos, Gaspar Llamazares (IU) y Rosa Díez (UPyD).
«No queremos ser menos»
«Los extremeños no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie», proclamó un diputado del Partido Popular, que fue agraciado con un aplauso. Y ésa parece ser la filosofía que impregna todo el texto estatutario. La reforma del Estatuto, a la que los políticos han dedicado horas y horas, días y días, semanas y semanas, seguro que era una prioridad para los extremeños, y en concreto para sus miles de parados. A falta de grandes soluciones, ya tienen estatuto nuevo.
El preámbulo es pura poesía: «En los dos grandes valles del Tajo y el Guadiana, desde las cuevas prehistóricas a los centros tecnológicos, se ha ido escribiendo silenciosamente la crónica de una voluntad de sentir, pensar, ser y estar en el mundo. Una tarea de los pueblos que han ido forjando Extremadura, con o sin conciencia de hacerlo». El resto del Estatuto es más prosaico. Extremadura reivindica su «identidad histórica», y reserva el término «nación» para España, algo que se vio obligada a recordar con insistencia la delegación de la Asamblea autonómica, encabezada por el presidente regional, Guillermo Fernández Vara.
El PP defendió la propuesta de reforma porque es un «Estatuto a la medida de los ciudadanos». «No hemos pretendido hacer una miniconstitución», remachó. El PSOE insistió en que «no es una propuesta de pacto que Extremadura dirige al Estado». Y desde el Gobierno de la Nación, Manuel Chaves recalcó que «este proyecto no trata de refundar una Comunidad Autónoma». Demasiadas negaciones para algo que debería ser obvio. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siguió todo el debate desde su escaño para respaldar las pretensiones de una Comunidad que el PSOE gobierna desde el inicio de los tiempos democráticos.
Corte federal
Uno de los que más disfrutaron en la tribuna fue el diputado de CiU Jordi Xuclà. Uno a uno, puso al descubierto todos los artículos que hacen de la propuesta extremeña un Estatuto «federalizante». Citó, como ejemplo, la facultad que se otorga al presidente regional para disolver la Asamblea y convocar elecciones. «Es una medida federalizante, nos parece muy bien», subrayó.
El diputado de CiU se refirió también al artículo 71, sobre «Cooperación con Portugal», que prevé, entre otras cosas, la creación de un órgano específico de la Comunidad Autónoma encargado de las relaciones con Portugal.
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