No existe un plazo determinado para que comunique al juez su decisión _ Los familiares siguen ocultando al niño
Miércoles
, 18-11-09
El juez encargado del caso del menor ourensano cuya tutela provisional ha recaído en la Xunta debido a los problemas de salud derivados de su sobrepeso aguarda un pronunciamiento del fiscal sobre el informe psicológico entregado el pasado lunes por los padres para eludir la entrega del niño a la Administación. El citado informe, realizado por una psicóloga, considera «perjudicial» el ingreso de M. en el centro de menores de A Carballeira.
Según explicaba ayer a Europa Press el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, Antonio Piña, su decisión sobre la desaparición del chico «está pendiente», a la espera de que el fiscal traslade su decisión sobre el citado informe, para lo que no hay un plazo determinado. En esta línea, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Angel Cadenas, comentó ayer a preguntas de los medios que el proceso «está sometido a la jurisdicción de dos jueces», uno que actúa en el plano familiar y el otro en el Juzgado de Instrucción.
«Hay dos jueces sobradamente responsables de sus decisiones, a quien corresponde adoptar la decisión que en Derecho corresponde», sostuvo Cadenas. «No quiero ni puedo hacer otra valoración», sentenció. Los padres del niño esgrimieron el informe el mismo día en que se cumplían los cinco días de plazo otorgados por el juez para que desvelasen el paradero del niño.
Los padres mantienen su pretensión de no informar a las autoridades sobre el paradero de su vástago, que permanece oculto desde que la Xunta de Galicia, a la que un juez le ha concedido la tutela de manera provisional, pidiese su ingreso en el centro de menor de A Carballeira, en Ourense. El abogado de los progenitores, José Manuel Rodríguez, sostiene que los padres «pagaron» este examen psicológico después de que el Ministerio Fiscal «no atendiese» la petición de que el niño fuese visto por dos psicólogos especialistas independientes para dictaminar si su ingreso en el centro de menores sería perjudicial.
