«Soy el único que no ha cobrado ni un solo céntimo por todo este asunto (...) Para mí el olimpismo es como una religión». Con este argumento justificó ayer Oleg Vorontsov, hombre de negocios ucraniano afincado en España desde hace más de una década, que durante meses aparcara sus finanzas y su vida familiar para ayudar a Zakhar Kalaskov, el «ladrón en ley» que juzga la Audiencia Nacional, al que aseguró no conocer de nada. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Vorontsov de colaborar «en la búsqueda de influencia en magistrados y en ocultar la responsabilidad de Kalashov» en este procedimiento por lo que solicita 9,3 años de prisión para él.

Durante seis horas Vorontsov, en perfecto castellano, explicó que comenzó a ayudar a Kalashov -buscando un abogado español conocido suyo- porque se lo pidió el vicepresidente del comité olímpico de Armenia, Konstantin Manukyan, quien es a su vez propietario de una de las empresas de la organización y que entregó importantes sumas para sacar al jefe de prisión, según la tesis del fiscal. Pese a no conocerlo removió cielo y tierra, recogió dos veces a la familia de Kalashov en Madrid y mantuvo cientos de conversaciones telefónicas con los socios rusos del capo que «sólo querían saber cómo iba el asunto de «nuestro hermano»». El acusado achacó a una «mala traducción» del ruso algunas de las acusaciones formuladas por la Fiscalía: una charla en la que se habla de traer de Rusia un icono al juez de Vigilancia Penitenciaria, otra en la que le aseguran que valorarán su ayuda al más alto nivel o una tercera en la que se le reconoce como «no sanguinario» y «con mucha clase». Las «malas traducciones» (hay una policial y otra visada por un perito judicial) se colaron también en un presunto pago de 250.000 -no se sabe si de euros o dólares- a un alcalde de Uzbekistán para invertir en terrenos. Sólo reconoció haber entregado un sobre de 300 euros para pagar a una traductora de los dos abogados que tuvo inicialmente Kalashov; nada sobre los 156.000 euros que, según la Fiscalía, cobraron éstos en cinco meses.

Sobre estos letrados también respondió el abogado ruso Alexander Gofshtein que se enfrenta a 7,3 años de prisión. Viajó a Madrid una decena de veces, siempre alojado en el hotel Ritz, para ver a Kalashov en la cárcel porque su mujer con los niños llorando se lo pidió. El georgiano le dijo que «no confiaba en los abogados españoles que había contratado» y exigió una nueva defensa. Hoy la ejerce el ex juez Javier Gómez de Liaño.