La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que su formación llevará al Pleno de la Cámara Baja el próximo martes una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aprobar una ley orgánica para regular el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel).

En una rueda de prensa en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha insistido en que debe existir una norma que determine "cómo, cuándo y hasta dónde" se puede utilizar ese sistema para que se uso se realice siempre "con todas las garantías".

En la proposición no de ley registrada por el PP se sostiene que el "avanzado sistema informático" Sitel que "gestiona" el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba "permite la interceptación de las comunicaciones y la recogida de un conjunto de datos conocidos como información asociada a la comunicación", que a su vez permiten que pueda seguir interceptando una comunicación "aunque se cambie de teléfono o de tarjeta SIM" e incluso saber la localización geográfica de los interlocutores, los mensajes SMS o los accesos a internet.

Con este sistema, continúa, "se aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza la interceptación telefónica". "No sólo se puede vulnerar el derecho a las comunicaciones sino también el derecho a la intimidad", recalca.

En el texto, el PP recuerda que en 2001 se planteó la necesidad de mejorar los sistemas de interceptación de las comunicaciones para adaptarlas a las nuevas tecnologías y que para hacerlo se pidieron informes a Justicia, Defensa y el CGPJ. Sin embargo, subraya que esos informes "pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la cobertura legal", lo que "supuso la paralización de su implantación".

El sistema «comenzó a utilizarse en 2004»Eso sí, destaca que el sistema comenzó a utilizarse en 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno. Para ello se dictó un reglamento de desarrollo de la Ley de Comunicaciones y tres años más tarde se reguló en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones de forma "insuficiente", según el PP.

Los populares consideran que, aunque Sitel pueda servir para combatir la criminalidad, el Estado de Derecho exige "legalidad, proporcionalidad de los medios utilizados en la investigación y respeto a las garantías constitucionales".

Por todo ello, el Grupo Popular plantea que el Congreso inste al Gobierno a remitir en el plazo de dos meses un proyecto de Ley Orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones. Esa regulación deberá establecer "la exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación de las comunicaciones entre los ciudadanos".

Además, reclama que se designe un funcionario identificado como responsable de los centros de interceptación de las comunicaciones. También exige que la utilización de esos sistemas requiera que el juez especifique en la resolución qué sistema de interceptación se debe utilizar y motive individualizadamente qué datos son los que deben ser interceptados.

Igualmente, propone que los soportes digitales en los que se realice la grabación de datos estén "firmados por una autoridad certificada de la autenticidad para evitar la manipulación de los datos grabados". Y pide que "una vez aportados al proceso se destruyan las copias existentes, incluidos los datos obrantes en servidores de Sitel".

Control en la comisión secreta que vigila al CNI

Los populares creen que se deben regular específicamente las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil. En otro punto, plantean que la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso, que sigue las labores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), conozca anualmente un informe sobre la utilización de Sitel y otros software similares.

En la misma proposición se defiende que la Comisión de Justicia del Congreso elabore antes de un año un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles al ser utilizadas por la Administración Pública.

Además del debate de la próxima semana sobre esta iniciatuiva, el PP llevará mañana al Pleno del Congreso la polémica generada en torno la utilización de Sitel. Lo hará con una pregunta al ministro del Interior para que explique qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo para que el uso de ese sistema sea "plenamente compatible" con la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con esta pregunta, el PP pretende debatir por primera vez en sede parlamentaria sobre un asunto que generó la semana pasada una agria polémica entre el titular de Interior y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a propósito de las supuestas escuchas "ilegales" de las que acusan al Gobierno.

Sáenz de Santamaría recordó hoy que el PP sigue a la espera de que el Gobierno le remita todos los informes que tanto la Fiscalía como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hayan emitido sobre Sitel.

En este contexto, avanzó que su formación aprovechará mañana por la tarde la presencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para pedirle que exponga las "observaciones internas" y los "problemas de legalidad" que, según el PP, ha puesto el Ministerio Público a este sistema.

«Iniciativa intolerable» sobre un sistema «legal»Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha tachado de "intolerable" que el PP registre una iniciativa de este tipo respecto a un asunto "legal y legítimo" como Sitel. Alonso ha esbozado las sentencias "dictadas por el Tribunal Supremo de la nación" que certifican que no sólo los policías, sino también "los jueces" conocen a la perfección el funcionamiento de este sistema. El portavoz socialista ha dicho no entender la propuesta del PP llevada a la Junta de Portavoces de hoy, ya que en las filas populares hay "juristas" como las propias portavoz Sáenz de Santamaría y secretaria general De Cospedal que deberían conocer la legalidad de Sitel.

"En este país funcionan los derechos fundamentales y, por tanto, todas las interceptaciones telefónicas se hacen por ley". "Lo que está haciendo Rajoy y el PP es tirar por el suelo el prestigio de las instituciones españolas", ha dicho Alonso, cuando fue el propio Rajoy el que adquirió el sistema, previo pago de 10 millones de euros.